El servicio del voto telemático que operó el 20 de agosto pasado suma más dudas.

En un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre esa modalidad de votación, que proporcionó la empresa quiteña Antroproyectos S. C., se describen los problemas que registró el sistema tecnológico y que fueron reportados por un sinnúmero de ecuatorianos que viven en el extranjero, a través de sus cuentas de redes sociales.

En las conclusiones del documento, elaborado el 24 de agosto, los administradores del contrato, Rosa Chuquín y Hugo Ríos (en el contrato en cambio constaba Marcela Fernández), observan que el servicio del contratista no garantizó la alta disponibilidad del voto telemático y que no contempló las medidas efectivas para asegurar la continuidad del proceso.

Sobre la justificación que presentó la contratista de haber sufrido un ataque cibernético, en el informe del CNE se señala que “al día de hoy no se cuenta con información contundente que demuestre el origen y tipos de ataques, sino que solamente de forma general se ha informado que los referidos ataques ocasionaron una alta ocupación de recursos disponibles en los servidores (sitios de almacenamiento de información digital)”.

EXPRESO solicitó una entrevista a la contratista por teléfono y correo electrónico, pero no hubo respuesta. El CNE tampoco contestó un pedido.

El informe del organismo electoral especifica que 364 actas de escrutinio registraron inconsistencias: 245 actas de Europa, Oceanía y Asia, 92 de Canadá y Estados Unidos, y 27 actas de Latinoamérica.

A los problemas técnicos que se mencionan en el documento, se suma la demora de Antroproyectos para remitir el reporte sobre los problemas presentados el 20 de agosto.

Ese mismo día, el organismo electoral solicitó de manera urgente el reporte, según los papeles. Sin embargo, el llamado tuvo respuesta dos días después, fuera de los tiempos acordados, de acuerdo con los archivos.

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En la información entregada se lee, por ejemplo, que existen “786 registros de votos en los cuales el código interno de identificación del partido no coincide con la circunscripción de la dignidad a elegir (...) son parte de 396 juntas”.

Para Daniel González, analista electoral y constitucionalista, el CNE debe dar por terminado el contrato “y cobrar las garantías para que no pierda el Estado. Son cerca de $ 800 mil”.

González también apunta a la responsabilidad del CNE en la selección del proveedor.

“Si en el Ecuador no existía un proveedor que pueda prestar los servicios de voto telemático, debía haber lanzado un proceso internacional”, estimó.

En el extranjero hay un mal sabor de boca en quienes no pudieron votar, al no haber ejercido un derecho que está en la Constitución. Fue el caso de Manuel Aragundi, concejal ecuatoriano en Génova, Italia. “El CNE es una institución que ha perdido credibilidad porque no aceptó el error en un inicio y calificó de mentirosos a los ecuatorianos que se quejaron”, manifestó.

Los problemas del 20 de agosto revivieron las voces que buscan destituir a los consejeros electorales a través de un juicio político, como lo han adelantado movimientos y partidos.

En otras jurisdicciones, en cambio, están en desacuerdo con la decisión del CNE de repetir los comicios en el exterior para asambleístas de esas zonas y legisladores nacionales.

“Se deben respetar los votos ya emitidos. El ataque que hubo fue uno para denegar el servicio. No fue un ataque de alteración de resultados”, opinó William Murillo, quien obtuvo la cantidad de votos para ser legislador por Estados Unidos y Canadá.

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