El rumbo de la Constitución es crucial para ir a las urnas

El dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC), que permite al presidente Daniel Noboa consultar al país si está de acuerdo con convocar a una Asamblea Constituyente, dibuja el escenario hipotético de que Ecuador se prepare para dejar atrás la Constitución de 2008.

La ruta que este proceso conlleva se definirá a través del Estatuto Constituyente, que también deberá contar con la calificación de la CC. Pero más allá de cómo se estructure, en caso de que la ciudadanía respalde la pregunta, surge el debate: ¿qué tipo de Constitución necesita el país?

Varios expertos en Derecho Constitucional coinciden en que, si bien la actual Carta Magna ha sido elogiada por su carácter garantista y por reconocer derechos de la naturaleza, también ha generado concentración de poder y una sobreexpectativa ciudadana respecto a los derechos, pues existe un desfase entre lo que establece el texto y lo que ocurre en la práctica.

¿Qué cambios requiere la Constitución?

“Está pasando con la educación y la salud. Una nueva Constitución debería corregir los errores anteriores y mantener los derechos consagrados en las dos últimas cartas magnas (1998 y 2008). Además, debería enfocarse en la parte orgánica para garantizar una distribución equitativa del poder. Hoy existe demasiada concentración en el Presidente de la República, quien tiene amplias atribuciones legislativas y judiciales. El hiperpresidencialismo debe evitarse”, afirma el constitucionalista Salim Zaidán.

El abogado constitucionalista José Chalco coincide: “Hay que desmontar el hiperpresidencialismo porque la Constitución fue diseñada en detrimento de otros poderes del Estado. Ese es un principio que se debe modificar”. 

A ello añade la necesidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de fortalecer la Fiscalía General del Estado para que su titular “no sea afín a ningún gobierno, organización política y menos a un grupo delincuencial. Estos candados son fundamentales. También se debe reforzar el catálogo de libertades, las garantías ambientales y el sistema judicial”.

El catedrático Diego Zambrano, especialista en Derecho Constitucional, comparte el criterio de mantener los derechos y garantías de la actual Constitución: “En ese aspecto está a la vanguardia”.

Aunque señala que sería una oportunidad para suprimir organismos como el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura, considera que “serían cambios cosméticos”. Por ello, sugiere dividir las funciones del jefe de Estado y del Gobierno, así como instaurar un Legislativo bicameral “para equilibrar los excesos”. 

También plantea mantener la descentralización o incluso avanzar hacia un modelo federal, “en donde el grueso de las competencias esté en las provincias, para generar focos de progreso local y dividir el poder, evitando los caudillismos”.

Una Constitución más "breve"

Otro punto de debate es la extensión del texto constitucional. “Su amplitud responde a nuestra experiencia: en constituciones más escuetas, el legislador ha dado interpretaciones arbitrarias. Sin embargo, se ha caído en un texto reglamentario, lo cual es un error en técnica constitucional”, explica Zambrano.

Zaidán coincide: “Un defecto es la extensión. Un buen ejemplo es la Constitución de Estados Unidos: breve, pragmática y sin carga ideológica”.

El criterio de los asambleístas

El exasambleísta de CREO, Juan Fernando Flores, sostiene que esa amplitud dificulta el trabajo de los legisladores al momento de reformar normas. Para él, esa debería ser una de las principales correcciones en un nuevo texto, junto con el debate sobre si volver a la estructura de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

“Se debe evaluar la actual Constitución por cuerpos, entender los derechos ya establecidos, identificar los que tienen visiones conexas y, a partir de allí, determinar dónde hacer la reforma profunda. Nuestra visión es que debe ser institucional, sin menoscabar los derechos de los ecuatorianos, pero con una estructura sólida que marque el rumbo”, indicó.

El oficialismo también se ha pronunciado. El asambleísta de ADN, Adrián Castro, afirma que es indispensable mantener “los derechos de la naturaleza, la defensa del agua y la protección de la salud y la educación como garantías irrenunciables”. 

Además, reitera el discurso de Noboa: “Necesitamos una Constitución que se adapte a la realidad actual del país, que devuelva eficacia al Estado para enfrentar la inseguridad, acabar con instituciones que no funcionan y romper candados que impiden gobernar”.

El correísmo, en cambio, se opone al cambio constitucional. El asambleísta de la RC, Blasco Luna, considera que la propuesta “repite la misma retórica. Nos dijeron que con el alza del IVA y las leyes económicas urgentes se iba a combatir la inseguridad. ¿Cómo creerlo? En este momento, una Constituyente no resolverá los problemas más graves del país”, opinó frente a los medios.

• Integrantes. Serán 80 los miembros de la Asamblea Constituyente, en el caso de que su convocatoria gane en la consulta del 16 de noviembre.

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