El correísmo impulsa juicio político contra Inés Manzano y Antonio Goncalves
Los informes evidencian supuestos incumplimientos contractuales y posibles responsabilidades en proyectos energéticos
El asambleísta Juan Andrés González, representante de la bancada de la Revolución Ciudadana, anunció la presentación de un pedido de juicio político contra la actual ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, y el exministro Antonio Goncalves. La decisión se fundamenta en los informes emitidos por la Contraloría General del Estado, que revelan presuntas irregularidades en los contratos suscritos con la empresa Progen.
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Según González, los informes de la Contraloría evidencian incumplimientos contractuales y posibles responsabilidades administrativas en la adjudicación de proyectos energéticos, particularmente en la instalación de 150 megavatios en Quevedo y El Salitral. Progen, la empresa contratada, no habría cumplido con los plazos establecidos, lo que derivó en la imposición de multas por aproximadamente 900 mil dólares.
Además, el proceso de adjudicación del campo petrolero Sacha también ha sido objeto de cuestionamientos. Aunque inicialmente se firmó una resolución de adjudicación con el consorcio Sinopetrol, el contrato no llegó a concretarse debido al incumplimiento de condiciones financieras por parte del oferente.
Hubo convocatorias que no asistió Inés Manzano
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que respalda el pedido de juicio político, convocó en reiteradas ocasiones a la ministra Manzano para que comparezca y entregue información sobre estos procesos. Sin embargo, la funcionaria se negó a asistir en al menos cuatro oportunidades, lo que constituye una causal de juicio político según el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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El pedido de González se suma a una serie de acciones impulsadas por la bancada correísta en el tramo final del actual período legislativo. La Comisión de Fiscalización ha señalado que la falta de colaboración por parte de las autoridades convocadas impide el ejercicio efectivo del control político y la transparencia en la gestión pública.
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