El veto parcial aparece como la opción escogida. El Gobierno Nacional se inclina por el veto parcial a las reformas a la Ley de Comunicación aprobadas por la mayoría de la Asamblea Nacional y que, de acuerdo a voces del sector, gremios y más, representa un retroceso en materia de libertad de expresión y de prensa. El anuncio lo hizo el secretario general de Comunicación de la Presidencia, Leonardo Laso, en el marco del inicio de jornadas de socialización con periodistas y comunicadores del país para reforzar el contenido del veto. 

El tiempo para que el presidente Guillermo Lasso presente oficialmente el veto a la Asamblea Nacional se acorta. Si finalmente se llega a concretar el veto parcial, el pleno del Legislativo tiene un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de su entrega, para tratar la objeción. En esta vía, el pleno tiene dos caminos: allanarse en todo o en parte, o ratificarse en el texto original. 

Para el primer caso, el Legislativo requiere el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. Pero si la opción es la segunda, requiere la voto de las dos terceras partes para ratificarse en el texto inicial. Si no llegaran a tener los votos y el plazo termina sin una decisión de la Asamblea, se entiendo que el pleno se allana a la objeción del Ejecutivo y este lo enviará al Registro Oficial.

La mayoría de 75 votos del pleno de la Asamblea, el pasado 21 de julio de 2022, aprobó el informe de minoría sobre las reformas a la Ley Comunicación luego de no tener lo votos para aprobar el informe de mayoría que impulsaba una nueva ley. Tras su aprobación, el Gobierno Nacional tildó de "mordaza" dichas reformas y gremios relacionados a la comunicación impulsaban el veto total a la ley. El proyecto deja abierta la puerta a reprimir la opinión y sancionarla hasta penalmente.