Las reformas a la Ley de Comunicación aprobadas por la nueva mayoría en la Asamblea Nacional, en julio pasado, siguen generando rechazo y preocupación en varios sectores, incluso en gremios de la producción que ven el veto total del Ejecutivo como la única alternativa

La Cámara de Comercio de Guayaquil elevó una alerta sobre la normativa ya que considera que contiene diversas inconsistencias, a lo largo de su texto, lo que en su conjunto ha generado una ley con incongruencias que debería ser objetada por completo.

El proyecto fue aprobado el 21 de julio y dos días después entregado al presidente Guillermo Lasso. El mandatario tiene 30 días para pronunciarse sobre la objeción parcial o total del documento. Ese plazo termina en once días.

EXPRESO consultó ayer al Ministerio de Gobierno y a la Secretaría de Comunicación sobre la fecha de entrega de la respuesta del mandatario a la Asamblea. Se conoció que se lo hará dentro de los plazos legales. En días pasados, Lasso advirtió que se inclinaría por un veto “que consagre la libertad de expresión”.

Sin embargo, no ha sido contundente sobre si la objeción será parcial o total como han pedido varios sectores de la sociedad civil.

Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, comparte el pedido realizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil al Ejecutivo porque el documento presenta “errores” que terminan repitiendo el esquema sancionador en contra de cualquier tipo de expresión, no solo de periodistas.

“A la vez, se omiten aspectos que podrían haber resultado interesantes como la venta de los medios incautados. Han pasado tres gobiernos, incluido el actual, y ninguno ha hecho nada por aquello. Eso, finalmente, es dinero de los depositantes de los bancos cerrados”, recordó Jaramillo.

Cuatro son los puntos que inquietan al gremio porteño. Uno de los artículos impone prohibición abierta a la difusión de información falsa, sin determinar la definición de verdad, ni el alcance de esta obligación, ni las consecuencias.

“El proyecto de ley en los artículos 4 y 42 permite concluir que los sistemas de audio y video por suscripción pudiesen ser considerados como medios de comunicación social. Esto es perjudicial para el sector dado que se les impone obligaciones de imposible cumplimiento, ignorando por completo que, por la naturaleza de su servicio son retransmisores de señales nacionales e internacionales”, advierte.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) se ha sumado a estos pedidos. Germán Rodas, dirigente de esta agrupación de la sociedad civil, está seguro de que la puesta en vigencia de la norma está encaminada a generar silencio de parte de los medios de comunicación y los periodistas cuando haya casos de corrupción en cualquier gobierno.

“Significaría prácticamente volver a tener una ley mordaza. Habría que determinar los motivos que tuvieron los 75 integrantes de la Asamblea para votar a favor de este proyecto que claramente tiene la intención de eliminar información contra la corrupción”, aseguró Rodas.

Los tres sectores coinciden en que lo que corresponde es la presentación de un nuevo proyecto, en un año, si hay un veto total desde Carondelet, en el que se recojan los aportes de diversos actores sociales y no solo de un grupo.

Las posturas

Simón Jaramillo

Participación Ciudadana

Esta organización de la sociedad civil ha sugerido al Ejecutivo la aplicación de un veto total a la ley aprobada por la oposición en la Asamblea. “Si bien los promotores aseguran que no tiene un espíritu sancionador, hay que recordar que lo mismo se dijo en 2010 y ni bien entró en vigencia empezaron los procesos”, dijo Jaramillo.

Germán Rodas

Comisión Nacional Anticorrupción

Desde esta agrupación hay la percepción de que lo que se esconde en el fondo de la normativa aprobada es un intento de silenciar casos de corrupción pasados, presentes y futuros. Una vez vetada en su totalidad, los que esperan los activistas anticorrupción es un debate amplio, libre de los prejuicios de ciertos sectores políticos.