Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la escolaridad sufrió varios cambios para ajustarse a la situación sanitaria. Los niños, niñas y adolescentes convirtieron ciertas áreas de sus viviendas en lo más parecido a un aula de clases. En una entrevista con EXPRESO, la ministra de Educación manifestó que en el país solo el 33 % de los estudiantes han vuelto a la presencialidad de manera voluntaria.

Esta cifra evidencia los cambios que ha sufrido la escolaridad, exceptuando el costo de las matrículas y pensiones por una educación “a medias”.

Así lo asegura Samantha Salazar, madre de Alessandro y Emiliano, quien ha tenido que cubrir la educación telemática de sus hijos al costo de la presencial.

“Es verdad que cuando empezó la pandemia las escuelas tuvieron que adaptarse a la virtualidad y eso quizás generó otros gastos, pero yo sigo pagando lo mismo por menos horas de clases y por materias que mis hijos no logran entender detrás de una computadora”, sostiene Salazar.

La crisis económica, la suspensión de las clases de forma presencial y el teletrabajo llevaron al Ministerio de Educación a implementar la llamada educación abierta, con la que las entidades educativas podían ofrecer tres nuevas modalidades de estudio: la virtual, en línea y en casa. La entidad definió, a través de un acuerdo ministerial en 2020, que aquellas instituciones que adopten la modalidad virtual o en línea podrían cobrar hasta el 65 % de la última matrícula aprobada, mientras que en el caso de la educación en casa sería del 30 %.

No obstante, la directora del Colegio Americano, Amelina Montenegro, asegura que los ingresos que ha tenido la institución por el pago de pensiones no han generado mayor rentabilidad. Detalló que han tenido que aplicar descuentos en el costo de las mensualidades, pero asimismo han tenido que invertir los valores que ingresan en la compra de dispositivos tecnológicos, el mantenimiento de la infraestructura y el pago de sueldos a los docentes.

“El padre piensa que la institución ha reducido gastos, pero esa es solo su percepción. Nosotros hemos reinvertido en tecnología, en pagar el mantenimiento de la infraestructura y en seguir costeando el pago de la nómina. No piensen que nos hemos ahorrado gastos”, argumenta Montenegro.

Otros padres de familia se han rehusado a costear los pocos resultados que les ha dado la educación virtual a sus hijos.

Una de ellas es Steph Carrera, madre de Luciana, quien al inicio de la pandemia intentó mantener a su hija en clases virtuales, pero ante el elevado costo de las pensiones y los pocos resultados en el aprendizaje de la menor, decidió buscar otras alternativas.

“Mi hija se quedó tres meses en clases virtuales y yo pensé que todo iba bien, pero realmente ella no pudo adaptarse. Aparte de que la pensión seguía siendo igual de cara. Busqué otras opciones”, cuenta Steph.

Durante la pandemia se ha generado el debate social de por qué se debe pagar por la educación virtual el mismo precio que tenía la presencial, bajo el criterio de que quizás las instituciones, al no hacer uso de sus instalaciones, tengan un ahorro significativo en sus facturas.

Ante esto, la directora del Centro Educativo Balandra Cruz del Sur, Margarita Fioravanti, afirma que la institución no ha logrado sostenerse únicamente con el ingreso de las pensiones, porque han tenido que invertir estos valores en acciones que no estaban contempladas.

“La institución no se sostiene con el ingreso de las pensiones. Sin embargo, hemos realizado descuentos a los padres. No podemos hacer un descuento generalizado porque eso podría afectar la economía de la institución. Hay que entender que los docentes no viven del aire, y por eso nosotros seguimos pagando sueldos completos y a tiempo”, explica Fioravanti.

En el país, según cifras del Ministerio de Educación, existen cerca de tres mil entidades educativas privadas a nivel nacional, de las cuales 17 decidieron cerrar sus instalaciones por problemas económicos en 2020.