Actualidad
Ecuador exige a la cancillería cubana no intervenir en asuntos internos del país
El canciller José Valencia recordó a su par cubano, Bruno Rodríguez, que la corrupción no tiene ideología
El canciller José Valencia exigió a su similar cubano, Bruno Rodríguez, que no intervenga en asuntos internos de Ecuador, a propósito de las críticas que hizo a la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en contra del expresidente Rafael Correa, en el caso Sobornos 2012-2016.
Caso Sobornos 2012-2016: Tribunal dispone a la Fiscalía investigar otros delitos y otros sospechosos
“Para su información, la corrupción no tiene ideología. La CNJ de Ecuador sentenció a 10 individuos como culpables de obtener ilegalmente $ 7 millones, y a 8 empresarios por pagar los sobornos”, escribió Valencia en las redes sociales.
#Urgente: Ocho años de cárcel para Rafael Correa y otros procesados en #CasoSobornos por el delito de cohecho agravado. Los detalles. 👇🏻
— Diario Expreso (@Expresoec) April 7, 2020
Esto en respuesta a la afirmación de Rodríguez en el sentido de que existen “procesos judiciales políticamente motivados contra los líderes de izquierda que tienen lugar en nuestra América”.
A través de su canciller, Cuba dijo reafirmar su apoyo y confianza hacia Rafael Correa que reside desde hace tres años en Bélgica y no estuvo presente en ninguna de las etapas judiciales de este caso.
En su respuesta, Valencia adjunta a su par cubano el extracto de la resolución tomada por los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela el 7 de abril de 2020 con la que se condena a Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y a otros exfuncionarios públicos y empresarios privados a ocho años de prisión por cohecho agravado.
Caso Sobornos: sentenciados deben cumplir 300 horas de ética laica
En tanto que, la pena impuesta a Pamela Martínez, exasesora de Correa es de 38 meses, mientras que su exasistente Laura Terán recibió 19 meses. Ambas cooperaron con la Fiscalía y entregaron información para develar la estructura delictiva.
Además de la privación de la libertad, todos los condenados pierden por 25 años los derechos de participación; deben pedir disculpas en la Plaza de la Independencia de Quito; cumplir 300 horas de capacitación en ética y transparencia en la administración pública, entre otras sanciones.