Economía

Margarita Hernández: “No se puede vincular cierre de cooperativas con la Ley para la Defensa de la Dolarización”

La superintendente de Economía Popular y Solidaria habla sobre las implicaciones de la propuesta, que se publicó en el Registro Oficial, en el sector

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Margarita Hernández ocupa el cargo de superintendente de Economía Popular y Solidaria desde 2018.Cortesía.

La Ley para la Defensa de la Dolarización también tiene implicaciones en el sector de la Economía Popular y Solidaria. En estos días, detractores de la propuesta legal, a través de entrevistas y redes sociales, han mencionado que debido a la ley se cerrarán cooperativas, lo cual afectaría a sus clientes. Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, explica las implicaciones de la ley, que fue publicada en el Registro Oficial.

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- ¿Qué implicaciones tiene la Ley para la Defensa de la Dolarización en las cooperativas?

- Se vertió una gran cantidad de comentarios sin fundamento técnico que sentaron ciertas dudas sobre una afectación masiva al sector de Economía Popular y Solidaria (...) En esto quiero hacer una referencia puntual, en lo que se refiere al incremento del patrimonio técnico, hay un artículo en el que se fundamentaban todos estos comentarios, o al que referían todos estos comentarios, que hacía relación con la composición del patrimonio. Se llegó a plantear ese artículo como requisito que se pediría a las cooperativas, cuando el artículo señala qué cuentas componen ese patrimonio técnico y a quién se les exigirán determinados cálculos. Cálculos que, efectivamente, hacen relación, en un primer momento, a las cooperativas de los segmentos 1 y 2 (las cooperativas más grandes del país), cooperativas que ya cumplen con esa normativa en este momento. Es decir, sin ninguna afectación por el cambio en el artículo. Y los otros segmentos, el 3, 4 y 5 (cooperativas más pequeñas), claramente el artículo aprobado por la Asamblea lo que indica es que será la Junta la que irá disponiendo lo que corresponda respecto de estos cálculos, en los que ya estamos trabajando. Existe normativa emitida por la Junta que las entidades ya cumplen respecto de patrimonio técnico en los segmentos más pequeños (...)Eso ya inició en 2012 con la creación de la Superintendencia. De eso se trata la normativa financiera:de hacer más sólida y solvente la gestión de las cooperativas.

Se vertió una gran cantidad de comentarios sin fundamento técnico, que sentaron dudas.

- Detractores de la ley han mencionado que cerrarán cooperativas. ¿Cuál es su comentario ante esas declaraciones?

- Me gustaría saber cuál es la base del análisis técnico que tienen esas personas. Yo también he escuchado esos criterios y no encuentro elementos para sostener ninguna de esas afirmaciones. La primera, desde mi punto de vista es la más grave, es señalar un número ( de cooperativas). Nosotros tenemos un sector compuesto por un número importante de entidades que cumplen con la normativa legal vigente, con más de 5,5 millones de personas que forman parte de ese sector. Referir un número (de cooperativas)que tendrán afectación significaría que en realidad tienen datos de que esas entidades no están en capacidad de cumplir la norma. Mi siguiente pregunta es: ¿cuál norma? Si las modificaciones al Código lo que hacen es reconocer normativa que ya están cumpliendo las entidades y que están cumpliendo con niveles de rendimiento muy bueno, con los calendarios que se han puesto para el efecto (...)Se busca mantener esa brecha, desde un punto de vista político, de la derecha contra la izquierda, los pobres contra los ricos, las cooperativas contra los bancos.

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- ¿A cuántas cooperativas les falta cumplir el incremento de patrimonio y cuál es el plazo que les queda?

- Tenemos diferentes normas que tienen distintos calendarios. Todo esto tiene que ver con el impacto que puede tener el cumplimiento de esa norma en la situación de la estabilidad de las entidades, según el segmento. Los calendarios que estaban previstos se modificaron debido a la crisis económica agravada por la pandemia. Se alargaron los calendarios. El calendario más amplio que tenemos en este momento tiene un cumplimiento que llega hasta 2025 y el más corto es hasta 2022, pero son calendarios que corrían desde antes.

- ¿Usted puede asegurar que no van a cerrar cooperativas en el corto plazo?

- Lo que yo puedo decir es que es imposible vincular, desde el punto de vista técnico, la normativa que consta en la Ley para la Defensa de la Dolarización, con la situación de las entidades. Ahora, la situación de las entidades es particular, según cada entidad, y no hay que olvidar un tema que es fundamental: el impacto de la crisis que vivimos el año pasado. No es correcto tratar de atar un tema con el otro, si es que hubiera en un momento determinado alguna afectación a alguna entidad.

Los calendarios que estaban previstos se modificaron debido a la crisis económica.

- ¿Qué implicaciones tiene la clasificación de cooperativas en abiertas y cerradas que se propone en la ley?

- Abierta y cerrada es una clasificación que nos permite entender la naturaleza del vínculo de las personas que participan en la entidad. Nos interesa que esa naturaleza no solo se reconozca desde el punto de vista normativo, sino también las propias entidades, que están en capacidad de entender lo que su naturaleza significa y delimiten sus actividades para mejorar la supervisión y control.