La vida útil de una mascarilla es de tres años, según las autoridades
La Gobernación del Guayas y Arcsa van a seguir con los operativos
Los operativos de control en la venta de mascarillas continúan con fuerza en la ciudad, además del medio millón que fueron incautadas el pasado jueves, y este viernes 9 de mayo de 2025 encontraron más que ya no servían pero que se mantenía en bodegas para sacarlas y ponerlas en las perchas. El insumo se pone nuevamente de moda, por los focos de tosferina que hay en varias provincias de Ecuador, una de ellas en Guayas. Entonces, las autoridades han ordenado el uso de las mascarillas en las unidades de educación por 90 días. En el control también se cuida que la mascarilla no suba de precio, como efecto de la demanda que hay ahora.
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El control lo están realizando la Intendencia General de Policía, con el apoyo de la Gobernación del Guayas y de la Agencia Nacional de Regulación, control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
En un comunicado las autoridades explicaron que encontraron mascarillas con fecha de elaboración de 2020 y una vida útil de tres años. Ante la evidente caducidad de los insumos , Arcsa dispuso su decomiso inmediato.
Las sanciones por la venta de mascarillas caducadas o sin registro sanitario es multa hasta 10 salarios básicos unificados (para el 2025 son 4.700 dólares), clausura temporal o definitiva del establecimiento en caso de reincidencia y procesos administrativos o penales por delitos contra la salud pública, que puede derivas en penas de prisión.
Los controles van a seguir
El comisario de Policía Leopoldo Pereira, quien lideró el operativo en representación de la Intendencia de Policía, destacó la importancia de estas acciones y afirmó: “Nuestra prioridad es proteger la salud pública y garantizar que los productos que llegan a los ciudadanos cumplan con las normativas sanitarias. No permitiremos que insumos médicos vencidos sean comercializados, poniendo en peligro la seguridad de la población”.
Desde la Gobernación del Guayas, liderada por Zaida Rovira, se ha emitido una directriz clara para que las entidades competentes retiren del mercado cualquier producto que represente un peligro para los usuarios. Con estas acciones, las autoridades reiteran su compromiso de proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias en los establecimientos comerciales.
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