La economía europea se encamina a una recesión en los primeros meses de 2023, empujada por tres factores: una inflación galopante, el impacto de unos costos energéticos desorbitados y las subidas de tasas de interés decretadas por el Banco Central Europeo (BCE)para aliviar los precios.

Tras una primera mitad de 2022 mejor de lo esperado por la reactivación tras la pandemia de coronavirus, el impacto de la guerra rusa contra Ucrania, que ha encarecido aún más la energía y las materias primeras, favoreció en el tercer trimestre un frenazo del PIB que, si bien fue menor del esperado, se agravará hasta llevar a la recesión técnica en el primer trimestre de 2023, según las previsiones de la Comisión Europea.

Más allá de la contracción del 0,1 % del PIB que vaticina Bruselas al inicio de año, el principal reto para el bloque es una inflación que ha alcanzado niveles récord, superando el 10 % en noviembre en la eurozona, afecta ya a toda la cesta de la compra y solo tiene visos de moderarse a lo largo del próximo ejercicio.

Este escenario ha obligado a los gobiernos a tomar medidas para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de empresas y hogares, ya sea con bajadas del IVA del gas y la electricidad, ayudas directas para pagar la factura de la luz o la gasolina o líneas de liquidez para algunas empresas, con un coste para las arcas públicas del 1,3 % del PIB en lo que va del año.

Al mismo tiempo, el BCE ha aplicado la subida de tipos más repentina de su historia tras una década en mínimos, llevando el tipo rector al 2,5 % y endureciendo así las condiciones de financiación de bancos, empresas y familias en aras de contener la demanda y, con ello, una inflación que está muy lejos del objetivo del 2 % porque se rige el emisor. Esta estrategia continuará en los próximos meses y los gobiernos no deberían poner palos en las ruedas con sus políticas presupuestarias, según les han advertido tanto Fráncfort como Bruselas, que les piden ser más selectivos a la hora de otorgar ayudas y les afean que la mayoría de las adoptadas hasta ahora -en torno a un 70 %- han sido demasiado generalizadas.

En los próximos meses, ha reconocido el Eurogrupo, se tratará de adoptar acciones temporales y más enfocadas en los hogares y empresas vulnerables para apoyarles, pero sin desincentivar la reducción de la demanda energética o hacer descarrilar unas finanzas públicas ya deterioradas a raíz de la pandemia.

“Si estas medidas se prolongasen para todo 2023, esto agravaría el déficit en un 2 % en general entre los Estados miembros, así que lo que estamos pidiendo es hacerlas más específicas y no solo prolongar lo que ya está”, dijo hace unos días en la Eurocámara el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, recordando que Bruselas sugiere un sistema dual en el que se subvencione una parte del consumo energético y el resto se pague a precio de mercado.