El intendente nacional de Mercado de Valores, Carlos Murillo, habla por primera vez sobre el rol que llegó a cumplir la Superintendencia de Compañías en el control de las millonarias y fallidas negociaciones que hoy implican a Isspol, Ecuagran y Delcorp. Él ratifica que “hubo engaño” de los actores del mercado, pero también atribuye el problema a los vacíos de control que existen en la ley. 

- La primera falla de la que se les acusa es no haberse dado cuenta de cómo el Decevale (Depósito de Valores) negoció los bonos del Isspol. ¿En la norma no hay una disposición que los obligue a ustedes a revisar de forma periódica sus registros?

- El Depósito respecto a sus depositantes tiene la obligación de entregar sus estados de cuentas mensualmente. Pero eso es un proceso privado, de eso la Superintendencia no toma conocimiento porque eso es algo normativo que tiene que cumplirse. Si mañana al depositante no le llega el estado entonces debe advertir a la Súper que tal depósito no se dio para así nosotros poder actuar. Eso no pasó. A nosotros lo que nos llegan son detalles pero de cuentas globales; es decir, de cada depositante que se custodia. Otro detalle que hay que tomar en cuenta es que el Decevale actuó fuera del mercado de valores, no dentro.

- Hablemos de Ecuagran y Delcorp, cuyas negociaciones también afectan al Isspol. A inicios de 2019, la Superintendencia supo de forma oficial sobre las primeras irregularidades en el cruce de factura inorgánicas (sin sustento económico), y lo supo a través de los informes que hizo su propia Dirección Nacional de Control. ¿No era eso causa suficiente para actuar y suspenderlas del catastro público?

- No lo era, porque lo que se toma como muestra de estudio era un cardex de inventarios, no todas las facturas como se dice. Para llegar a determinar que existía un fraude se requería de mayor documentación.

- ¿La sobrevaloración de estados no era suficiente? La ley pide actuar no cuando haya certeza, sino sospechas de que se está falseando la realidad.

- Hubo juicios de valor del área de control. Se trataba de un informe preliminar sin el derecho a la defensa. Ojo con eso. Ellos descargaron todas esas observaciones y lo hicieron bajo argumentos NIIF, por ello no pudimos acusar. Por eso solo la intervenimos.

- ¿Por qué se interviene solo a Ecuagran y no a Delcorp?

- Esa es una buena pregunta. Porque el ruido era en Ecuagran y como eran empresas relacionadas, en la medida en que se controla a Ecuagran, se controlaba a Delcorp. A partir de eso, ya no hubo más negociación entre ambas.

- Pero se crea a Fertisoluble. Por qué se deja actuar en el mercado a una empresa que tenía 7 días constituida. Teniendo un capital de $ 800 llega a negociar $ 32 millones en facturas.

- La participación de esta no dependía de nosotros. La norma obliga a que el emisor de la factura se tenga que inscribir pero no el aceptante (Fertisoluble). Y otra cosa, la Súper no aprueba nada de facturas, porque estas siempre se han negociado libremente en el mercado.

- ¿Y esa falta de control no es un vacío en la ley?

- Exactamente, ese vacío existe. Fue así como nace la sabiduría criolla, cuando los asesores empiezan a buscar espacios para guiar este tipo de cosas al margen de la ley.

- ¿Y qué se está haciendo al respecto para corregir eso?

- En diciembre del año pasado ya empezamos a exigir varios requisitos: el nombre del aceptante, que tenga 1 año de haberse constituido y establecimos que estas firmas no pueden negociar más allá del 50% de los valores que tengan. Pero pese a eso, el riesgo está, por eso vamos a eliminar la posibilidad de emisión de facturas entre empresas vinculadas. Ahí se acaba esto. De las crisis se aprende.

- Aún así en el mercado se sigue cuestionando a la Súper. No cree que el control debió ser más rígido. En octubre se las deja emitir nuevamente $ 30 millones.

- La ley dice que debes intervenir, pero que superada la causa se debe levantar. Ecuagran tenía pasivos de corto plazo elevados, por ello solicitan esta emisión de largo plazo para justamente salir del problema. Si ellos tenían los activos suficientes como mostraban sus balances no había problema en que ellas emitan, no podíamos negarnos. Estaban en su derecho.

- En qué momento ustedes observan mayores irregularidades, las suficientes para intervenir a ambas empresas.

- Debimos seguir procedimientos técnicos, algo que debió hacer el auditor externo. Decidimos acusar a Ecuagran y Delcorp por delitos de fraude bursátil porque no se cumplieron nuestras disposiciones: que se les aprobaba una emisión pero que el destino de los recursos no se ingresara a sus cuentas, sino que tenían que ir a un fideicomiso que debía encargarse de pagar. Eso no se cumplió. Y a eso ahora se suma la acusación por un fraude por presuntos balances falsos.

- ¿Cuántos procesos administrativos en total han iniciado por estos casos?

- En total tenemos 19 procesos administrativos.

- ¿La Bolsa de Valores de Guayaquil está en la lista?

- Sí, hay una actuación previa en su contra. Eso porque hemos encontrado un hecho concreto que puede ser materia de una presunta infracción. Pero ese es un tema en reserva.

- ¿Han sido engañados como dice el superintendente?

- Ese ha sido un término que no se interpretó bien pero tenía que ver con los balances, con los presuntos balances falsos que presentaron Delcorp y Ecuagran. Y en ese sentido sí fuimos engañados.