Los casos de Isspol, Ecuagran y Delcorp, que en el último mes han venido menoscabando la imagen del mercado bursátil, se suscitaron en épocas distintas, pero guardan relación y llegan a compartir un factor en común: la falta de control que existió sobre sus negociaciones, una irresponsabilidad que sobre todo se endilga a la Superintendencia de Compañías, un ente que, sin embargo, sigue sin estar en la lista de investigados.

El primer evento se da entre el 2014 y 2016. Allí se cuestiona la falta de inspección que la Superintendencia pudo haber tenido sobre el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), el cual, al margen de la ley, habría actuado como custodio de los bonos adquiridos por el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional (Isspol), lo que hoy pone en riesgo la recuperación de $ 532 millones en inversiones.

El segundo caso, que llegó a fraguarse el año pasado, en cambio tiene su epicentro en un cruce de facturas falsas entre Delcorp y Ecuagran, que también han puesto a tambalear el portafolio de varios inversores, entre ellos el mismo fondo policial.

En este último caso es donde más evidencias hay, pues existen documentos que dejan por sentado que las negociaciones fraudulentas pudieron impedirse, pues las autoridades sabían desde el 2018 sobre la debilidad financiera que arrastraban estas empresas que comparten a varios accionistas entre sí. Así lo dio a conocer este Diario el 24 de septiembre pasado cuando, mediante informes y resoluciones firmados por la Dirección Nacional de Control y por la Intendencia de Mercado de Valores (ambos entes adscritos a la Superintendencia), se da a conocer que los libros contables de Ecuagran llegaron a estar sobrevalorados, a través de un cruce de facturas con Delcorp, aun sin que estas estén respaldadas en transacciones comerciales reales. Según se desprende de estos informes, la Superintendencia se limitó a intervenir a inicios del año pasado a Ecuagran para, seis meses después, levantar su sanción para, a la par de Delcorp, aprobarle una nueva emisión de obligaciones a largo plazo por un monto de $ 30 millones ($ 15 millones cada una). Hoy ambas han caído en impagos.

Si bien no se refirió a estas inconsistencias, el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, habló la semana pasada sobre el tema. “Hemos sido engañados”, dijo en una entrevista televisada, tras referirse a la supuesta trama orquestada entre el Decevale (ente que custodia títulos valores) y auditores, que deben transparentar y dar fe de la salud económica de los actores del mercado bursátil.

EXPRESO ha intentado en dos ocasiones (el 23 y 26 de septiembre último, vía mensajes y correos electrónicos) hablar con las principales cabezas de la Superintendencia para que expliquen los supuestos vacíos de control y el nivel de responsabilidad que se le atribuyen en estos casos. No obstante, el ente solo respondió ayer para comprometerse a dar una entrevista el próximo lunes sobre el tema.

En el mercado bursátil, estas irregularidades empiezan a ser vistas con desazón, pues afectan desde ya la imagen de este sector, en el que el año pasado, con la venta de títulos valores, llegaron a movilizarse $ 11.796 millones en recursos que sirvieron como fuente de financiamiento para pequeñas y grandes empresas.

Ignacio Vidal, exsuperintendente de Compañías, dice que la falta de control ha sido una falla innegable. Aunque prefiere creer que esto no se ha dado “por mala fe”, lo atribuye a relaciones de compadrazgos. “Cuando una persona está mucho tiempo en un cargo va creando relaciones de compadrazgos. Los directivos no revisan el trabajo, no controlan y ahí se van dando las irregularidades. Un vínculo que en el mercado de valores y en el mercado bancario no debería existir”. Uno de los hechos, dice, que no debieron permitirse es la participación de Fertisoluble en el 2019, para que esta, siete días después de crearse, actúe junto a Delcorp en la negociación de facturas, esto mientras Ecuagran era intervenida.

Otras voces consultadas que participan activamente en este mercado, y que por temor a represalias se niegan a ser identificadas, se preguntan por qué las Superintendencias (tanto de Compañías como de Bancos) o sus funcionarios aún no son involucrados a los procesos de investigación que lleva la Fiscalía. En este tema, dijo Vidal, tiene una labor pendiente no solo la Fiscalía, sino la propia Asamblea Nacional. 

Sobre este tema, el Ministerio Público fue consultado, pero se negó a dar información, por ser casos que se manejan bajo reserva. La Contraloría, por su parte, solo respondió que ha ordenado realizar en 90 días un examen especial sobre el caso Isspol.

• AUTORIDADES: Intendente y directora, sustituidos

Aún se desconoce si dentro de la Superintendencia de Compañías se encamina alguna acción de investigación para asumir culpas y corregir procesos, pero ayer este Diario conoció que dos de las principales autoridades involucradas en el control del mercado bursátil fueron subrogadas. El intendente Carlos Murillo es reemplazado por Linda Toledo; mientras que a Aurora Caizaguano, directora nacional de Control, la sustituye Tanya López. La licencia, en el caso de Murillo, se habría concedido por ocho días.