Subsidio al diésel: el debate entre el alivio fiscal y el temor a un alza de precios

La eliminación del subsidio al diésel, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 126, ha fracturado el debate nacional. De un lado, se erige la tesis del Gobierno y de analistas económicos que la consideran una decisión valiente e indispensable para el saneamiento fiscal del país.

Del otro, se levantan las voces de los gremios productivos, que la denuncian como un golpe directo a la cadena de suministros, a la producción nacional y, en última instancia, al bolsillo de los ciudadanos. La medida, que fija el precio del galón de diésel en $2.80 desde este 13 de septiembre, ha puesto sobre la mesa dos visiones de país irreconciliables. ¿Pesa más el ordenamiento de las cuentas públicas o el riesgo inminente de una escalada de precios?

La defensa técnica: "Una medida pertinente y esperada"

Para el analista económico Jorge Calderón, la decisión del Gobierno no solo es correcta, sino que tardó en llegar. "Es una medida que se estaba esperando mucho", afirmó, al señalar que el diésel, junto al gas licuado de petróleo (GLP), representa uno de los subsidios más pesados para el Estado.

Contrario al temor generalizado, Calderón comentó a EXPRESO del impacto inflacionario. "Los incrementos pueden darse en el primer mes o en el segundo mes  y no necesariamente tiene que ocurrir", explicó. Argumenta que gran parte del alza podría venir de un "carácter especulativo" de la economía y no de un aumento real de costos operativos. De hecho, sugiere que el sector del transporte de carga puede mitigar el impacto mejorando sus eficiencias, como aprovechar la capacidad máxima de los camiones para reducir costos monetarios.

El analista recordó la experiencia previa con la focalización de subsidios al taxismo, que generó confianza y no provocó un incremento mayor de precios. Para él, el problema de fondo es que los subsidios en Ecuador no cumplen su propósito. "No tienen realmente a la población que tienen que llegar, al grupo vulnerable", sentenció, asegurando que gran parte de esos recursos se desvían a actividades como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico.

Desde una perspectiva macroeconómica, Calderón ve beneficios claros. Estima que las compensaciones podrían costar unos $300 millones de dólares, una cifra muy inferior a los más de mil millones que demandaba el subsidio. Este ahorro, afirma, es una señal potente a los mercados internacionales. "Va a redundar en que tengamos un mejor perfilamiento como país para inversión extranjera, para acceso a mercados internacionales. El riesgo país va a seguir bajando", proyectó.

La advertencia de los gremios: alza inminente y agendas ocultas

La visión de los sectores productivos es diametralmente opuesta. El gremio de transporte pesado calificó la medida como una "puñalada por la espalda" y advirtió que el aumento en sus costos, donde el combustible representa hasta el 60% de un viaje, se trasladará inevitablemente al precio final de los productos.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Petróleo (ANTEP) fue más lejos y denunció la existencia de una presunta estrategia gubernamental para "destruir la producción nacional y privilegiar a los importadores privados". 

Su argumento se centra en que producir un galón de diésel en las refinerías de Petroecuador cuesta $1.05, mientras que importarlo puede costar $2.70. Según ellos, la solución no es eliminar el subsidio, sino fortalecer la soberanía energética.

Mientras el debate técnico y político se intensifica, la medida ya está en marcha.

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