Sin constituyente, ¿Qué vía le queda a Ecuador para reactivar la inversión?

El resultado de la consulta popular, que cerró la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, obliga al Ecuador a buscar alternativas dentro del marco jurídico vigente para atraer inversión y dinamizar el sector productivo. Analistas y representantes empresariales coinciden en que el país debe trabajar con las herramientas disponibles, aunque estas ofrecen ventajas y también limitaciones.

Te invitamos a leer: Proforma 2026: Comisión debe presentar su informe al Pleno hasta el 24 de noviembre

Señalan que el país puede avanzar mediante reformas urgentes en la Asamblea, estrategias para atraer capital privado en sectores estratégicos, mejoras fiscales y financieras, mayor seguridad y estabilidad regulatoria. El desafío, advierten, será sortear la fragilidad política y ejecutar con disciplina una agenda que genere confianza, empleo y crecimiento.

Alberto Acosta, analista económico, explica a Diario EXPRESO que la ausencia de una constituyente reduce las opciones para hacer cambios institucionales profundos que faciliten la participación privada en sectores estratégicos, un punto clave para acelerar el crecimiento, resolver la crisis energética y elevar la producción petrolera. Señala que el Gobierno deberá operar bajo las reglas actuales, utilizando mecanismos de emergencia o criterios de excepcionalidad para permitir inversión privada en áreas como petróleo y electricidad. Sin embargo, reconoce que este camino es menos eficiente, más burocrático y retrasa la llegada de capitales, en comparación con un marco regulatorio moderno donde la inversión privada no sea la excepción.

Desde el sector empresarial, Francisco Jarrín, expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, sostiene que —con el pronunciamiento ciudadano— el país debe continuar con el marco legal que tiene y promover reformas desde la Asamblea. Afirma que los empresarios que ya operan en Ecuador mantienen su compromiso y buscan sumar esfuerzos para un mejor clima de negocios.

En esa misma línea, el analista económico Jorge Calderón señala que el Gobierno deberá continuar con su estrategia basada en proyectos de ley de carácter económico urgente, ahora que la opción de una constituyente está descartada. Pero advierte de un riesgo político: la fragilidad de la mayoría legislativa, dado que Acción Democrática Nacional (ADN) cuenta con solo 36 asambleístas y depende de independientes cuyo apoyo podría tambalear tras el resultado electoral. Ese reacomodo podría complicar la aprobación de reformas necesarias para atraer inversión, especialmente en sectores estratégicos donde la Constitución impone restricciones y procesos consultivos exigentes.

Santiago García, también analista económico, ve espacio para avanzar en áreas críticas sin necesidad de cambiar la Constitución. Destaca que la estabilidad macroeconómica dependerá de dos frentes: la política fiscal —mejorar ingresos, racionalizar gastos y asegurar financiamiento responsable ante el déficit— y el fortalecimiento del sistema financiero. Considera urgente dinamizar el crédito productivo, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, mediante una “minga de microcrédito” que impulse empleo y actividad en los territorios. Añade que el país aún tiene pendiente una política productiva robusta y activa.

Agregó que posiblemente el crecimiento del producto interno bruto este año sabemos podría llegar al 4 % y el otro año hay consenso de que será un crecimiento del 1,8 %, "lo cual no es malo pensando que el próximo año ya nos comparamos con un incremento anterior. Ahora, ¿cuáles son las prioridades? Por ejemplo, a mi modo de ver es el tema fiscal", opinó García.

Plantean fortalecer la confianza y combatir la inseguridad

Los empresarios y los analistas están convencidos de que se podrá seguir trabajando en pro del país, pero poniendo énfasis en atender los problemas que todavía no se solucionan, como la inseguridad.

Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano, enfatiza que el país debe trabajar con las herramientas de su ordenamiento jurídico para impulsar inversión. Más allá de reformas puntuales, plantea que la clave está en fortalecer la confianza, garantizar seguridad jurídica, mantener estabilidad regulatoria y asegurar coherencia en la política económica.

El analista financiero Diego Cueva coincide en que, aunque la decisión ciudadana da estabilidad al confirmar que las “reglas del juego” se mantienen, persisten desafíos estructurales: baja inversión, inseguridad y un crecimiento económico limitado. Propone que el Gobierno priorice la seguridad, especialmente en zonas productivas y de comercio, creando corredores seguros, combatiendo las extorsiones y endureciendo penas para estos delitos. Además, recomienda revisar el régimen tributario y brindar estabilidad a las empresas, evitando cambios constantes y diseñando incentivos claros para sectores estratégicos como la minería, con beneficios directos para las comunidades.

Las dos vías para atraer inversión a Ecuador

Para Rubén Flores, economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) de Quito, el país siempre ha tenido dos caminos claros —ya previstos en la propia Constitución— para impulsar la inversión sin necesidad de abrir un proceso constituyente. Ambos requieren claridad política, técnica y coherencia, pero sobre todo un elemento que históricamente ha faltado: confianza.

Flores explica que la primera vía consiste en generar propuestas desde la política pública que permitan superar ciertos candados constitucionales que limitan la inversión, siempre que estas iniciativas respondan al interés nacional y envíen señales claras a los inversionistas. Recuerda que en los últimos años se han aprobado alrededor de 16 reformas tributarias, tres de ellas durante el gobierno del presidente Daniel Noboa, cambios que —lejos de generar certidumbre— han debilitado la confianza porque habilitan incrementos del gasto tributario en beneficio de grupos específicos. Para avanzar, señala, es necesario construir una normativa sólida, discutida en consenso y presentada a la Asamblea Nacional para introducir los ajustes necesarios dentro del marco vigente.

La segunda vía se orienta hacia la Corte Constitucional, un camino ya establecido y que puede activarse si se sustentan adecuadamente los principios de soberanía económica contemplados en la Constitución. En este punto, Flores destaca la importancia de contar con acuerdos de inversión modernos que garanticen ese equilibrio. Recuerda que los antiguos tratados bilaterales fueron denunciados por no proteger la soberanía del país, pero afirma que hoy existen modelos internacionales avanzados que sí lo permiten y pueden servir como base para nuevos compromisos.

El economista también invita a mirar la historia reciente: desde 1996, con los gobiernos de León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén, Ecuador ha aprobado múltiples normativas a favor de la inversión extranjera. Sin embargo, la llegada de capitales nunca despegó. El promedio anual no supera los 500 millones de dólares, muy por debajo de los 10.000 o 15.000 millones que reciben los países vecinos. Para Flores, esto demuestra que el problema no es jurídico, sino de confianza, de estabilidad y de señales claras.

A su criterio, lo peor que pudo haber ocurrido era extender otro año más la incertidumbre de un debate constitucional. Ahora, con un escenario definido, el Gobierno debe leer bien la normativa vigente e impulsar políticas públicas coherentes que realmente incentiven la inversión extranjera y permitan construir la estabilidad que el país no ha logrado en décadas.

En conjunto, los expertos señalan que Ecuador puede avanzar mediante reformas legales, acuerdos público-privados, mejoras normativas sectoriales, mayor apertura comercial, eficiencia estatal y una agenda decididamente pro-competitividad. Estas herramientas permiten actuar con rapidez y sin romper la continuidad institucional. El reto es lograr consensos políticos y ejecutar con disciplina.

En síntesis, atraer inversión depende de que el país envíe señales claras, estables y predecibles. Más que una nueva Constitución, lo urgente ahora es diseñar y sostener una estrategia seria, coherente y compartida que permita generar empleo formal, fortalecer la producción y sostener el crecimiento económico.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ