Por alrededor de 90 minutos, el gerente General (subrogante) de Petroecuador, Reinaldo Armijos del Hierro, hizo un balance de lo que han sido las operaciones en este año y las metas y desafíos que el nuevo Gobierno asumirá. “Más allá de decir qué está bien y qué está mal, el propósito es que la nueva Administración conozca en qué situación está la empresa y plantear soluciones y estrategias”.

Con esas palabras y con la noticia de que desde hace dos semanas se suspendió la firma de cualquier contrato, el funcionario pasó revista a varios aspectos, tanto de la coyuntura nacional, como de los trabajos pendientes que se heredarán. Principalmente, se refirió a la licitación internacional para la importación de gas natural. Mañana, "14 de noviembre del 2023, lanzamos el proceso, bajo las condiciones denominadas DPU, es decir, entregado y descargado en el sitio acordado.

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¿Cuál será ete sitio? Las instalaciones de Termogas Machala. Las empresas que estén interesadas deben proveer el gas a través de Puerto Bolívar, que se descargará en isotanques (bombonas grandes que pesan cinco toneladas cuando están vacías) y luego será transportado mediante camiones hacia Termogas Machala. Ahí se dirigirá a las cuatro alimentadoras. Se trata de 45 millones de pies cúbico/día. El precio a pagar por esta importación gira en torno a los $ 60 millones”.

La fecha tentativa de adjudicación será el 28 de noviembre y, aunque el tiempo de provisión del gas se estableció para 135 días, Armijos espera que se lo pueda realizar en 60. “La infraestrucutura, que básicamente es una reclasificadora, que nos hace falta la podremos tener lista en tres semanas, de la cual se hará cargo el proveedor. Los isotanques, que estarán apostados en un terreno aledaño, llevan una tonelada de pies cúbicos cada uno. Se proyecta usar dos isotanques por hora. El reto es tener entre 180 y 200 isotanques, en la zona de descarga del barco y se dirijan a la planta desclasificadora”. Ante la pregunta de si las condiciones climáticas cambiaran y ya no hicieran falta apagones, ¿qué pasará con ese gas?, respondió que “si ese gas lo utilizáramos, podríamos generar mantenimientos en las otras termoeléctricas”.

Otro aspecto en el que ahondó detalles fue el estado en el que se deja el proceso de cierre del bloque 43, señaló que actualmente se dispone de un informe sobre los procesos en la parte productiva para apagar los pozos, en el caso de que las nuevas autoridades así lo decidan. “Ya paramos todos los contratos de work over y de taladros hasta el 31 de diciembre del 2023. Hasta el 31 de agosto del 2024 tendríamos el último día de producción, aunque todavía no tenemos una directriz oficial. Y en ese día se apagarían las operaciones, de manera inicial. De ahí vendrá un proceso largo, de entre seis y diez años, para desmantelar los pozos, que costará no menos de $ 1.800 millones. A eso hay que sumar otros impactos fuertes como todos los procesos de indemnización, la reducción de la producción, la posición de las comunidades que no quieren que se desmantele, etc. Hay muchas barreras a sobrepasar”.

Entre otras recomendaciones más, Armijos aseguró que es necesario iniciar la auditoría financiera de los balances 2019, 2020 y 2021 para transparentar las cuentas; maquilar hidrocarburos para ahorro de recursos; declarar en emergencia a la Refinería de Esmeraldas e iniciar los trabajos para recuperar su capacidad operativa; agilizar el cumplimiento del Plan de Remediación Ambiental; estabilizar la producción en 410.000 barriles de petróleo por día; y, sustituir el cable de aluminio por cobre.

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