Perspectivas del IESS: ¿Qué reformas estructurales necesita?

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) necesita implementar reformas estructurales profundas en los próximos años para adaptar su modelo a las nuevas realidades demográficas y laborales del país. El debate sobre el futuro del sistema de seguridad social cobra urgencia mientras el presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama, prepara una propuesta de reforma que será enviada este mismo año a la Asamblea Nacional, aunque aseguró que no incluirá cambios en la edad de jubilación ni en el porcentaje de aportes de los afiliados.

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El principal desafío radica en el desequilibrio entre prestaciones y recursos disponibles. Karina Flores, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y experta en derecho laboral, explica que el IESS abarca múltiples prestaciones como montepío, jubilación y seguro de salud, pero no logra cubrirlas de manera eficiente. "Existe una distribución inadecuada de recursos, donde se gasta muchísimo en altas pensiones mientras otros sectores quedan desatendidos", explicó la especialista.

"Si esto sigue como está pasando, lo que puede ocurrir es que el Instituto de Seguridad Social quiebre y no va a poder pagar ninguna de las prestaciones", alertó Flores. La abogada identificó que el modelo actual no es rentable justamente porque la institución quiere abarcar muchas prestaciones sin alcanzar a cubrirlas todas adecuadamente.

El reto jurídico e institucional debe analizarse desde varias aristas, según la experta. "Existe una deficiencia desde el marco normativo y ligado a esto la deficiencia en el control es notoria", afirmó. Flores destacó que hay una cartera de mora "superalta" por cobrar de varios rubros, especialmente de personas que deben aportar al IESS y no están pagando como deberían. "La gestión de cobro no es buena en este momento", precisó.

Entre las acciones viene la depuración de prestadores privados

Ante esta situación, Edgar Lama anunció que entre las acciones inmediatas está la centralización de las compras públicas de medicamentos y la depuración de prestadores privados, que empezarán a ejecutarse desde julio de 2025 y mostrarán resultados en tres meses.

Otro problema grave que identificó Flores es la falta de transparencia que ha caracterizado históricamente al IESS. La experta dice que, aunque la ley establece la independencia de la institución, en la práctica esto no ocurre. "En gobiernos pasados el IESS prestaba dinero al Estado con recursos de los afiliados y pensionistas, cuando esto no debería suceder", señaló. Esta práctica no solo viola la normativa sino que evidencia un nivel preocupante de ineficiencia en el manejo de los fondos de la seguridad social.

Otro factor que agrava la crisis es son las proyecciones demográficas. Flores explica que estudios muestran un panorama complejo: cada vez habrá menos trabajadores activos aportando al sistema mientras crece el número de jubilados que requieren prestaciones.

Esta preocupación es compartida por otros expertos. El economista Alberto Dahik fue enfático en señalar que el sistema de pensiones "está quebrado", porque su arquitectura financiera responde a realidades de hace décadas. Por su parte, Augusto de la Torre, analista económico y exjefe para América Latina del Banco Mundial, advirtió que el déficit del IESS ya bordea los $3.300 millones anuales.

Para enfrentar esta crisis multidimensional, Flores propone que el primer paso debe ser un estudio económico integral que evalúe la viabilidad real del sistema actual. La experta enfatiza la necesidad de analizar detalladamente el funcionamiento de cada prestación que ofrece el IESS y determinar si la institución cuenta con los recursos suficientes para mantenerlas todas. "Evidenciar si efectivamente el IESS está en las posibilidades de cubrir todas las prestaciones que se ofrecen", señaló. En caso de que el análisis demuestre que los recursos son insuficientes, Flores sugiere dos alternativas: reducir el alcance de los beneficios hasta un nivel sostenible o redefinir los criterios para focalizar las prestaciones en los grupos más vulnerables de la población, garantizando así que los recursos limitados lleguen a quienes más los necesitan.

Flores considera fundamental analizar cómo operan otros marcos normativos en otros países para que dentro de los próximos años se pueda adoptar un modelo óptimo adaptado a la realidad ecuatoriana. El objetivo es construir un sistema sostenible que garantice los derechos de los afiliados actuales y futuros, evitando el colapso de una institución vital para millones de ecuatorianos.

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