Una cuenta que no deja de crecer. En los últimos meses, la lista por ingresos que dejará de percibir el Estado va en aumento, situación que puede complicar al próximo presidente de la República.

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En un año, es decir, para 2024, el Fisco puede dejar de percibir 1.845 millones de dólares, equivalente al 5,7 % del presupuesto para 2023.

¿Qué puede hacer el Estado para compensar una muy potencial reducción de recursos? Gremios empresariales, organizaciones, analistas económicos y hasta candidatos a la Presidencia de la República han manifestado su preocupación.

Primero, las cuentas del Gobierno deben hacer frente a la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que bajará al 2 % en diciembre de 2023.

A inicios de año, el porcentaje que se debía pagar por ISD era 4 % y el actual Gobierno anunció su reducción paulatina para cumplir también con la disposición de la Corte Constitucional (CC), que declaró inconstitucional el aumento al 5 % en 2011, durante el gobierno de Rafael Correa.

El mismo actual Gobierno ha anticipado que el impacto al Fisco será de unos 450 millones al año, lo cual esperaba ser compensado con más crecimiento económico, situación que luce complicada en medio de años de incertidumbre política.

A eso se debe sumar los 195 millones de dólares al año por el Decreto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, que reduce el pago del Impuesto a la Renta, para “aliviar” los cambios de la reforma tributaria de 2021. La propuesta ya tuvo luz verde de la CC el pasado viernes.

Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, ha mencionado que la reducción de los impuestos permitirá aumentar la recaudación y que buscarán adoptar otras medidas, como más controles para compensar.

Finalmente, la consulta popular, que puede parar la producción petrolera en la zona del Yasuní ITT, puede implicar 1.200 millones en ingresos al Estado, ha señalado el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite.

El Gobierno tendrá un año para parar la producción petrolera de manera progresiva. Es decir, para finales de agosto de 2024 ya no se tendrían los recursos por el Yasuní.

El problema es más complicado porque la Constitución establece incrementos anuales del 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el presupuesto asignado a la salud y a educación, señaló en días pasados la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG).

Además, Ecuador tendrá que hacer frente a pagos considerables por amortizaciones y servicio de la deuda pública en los próximos años, dijo la CCG. En 2026, el Gobierno deberá pagar más de 7.000 millones de dólares por capital de deuda pública, el año más complejo.

“No es posible tener menos ingresos y mayores gastos al mismo tiempo. Si se reduce uno, habrá que reducir el otro”, dijo la CCG.

Asimismo, la Cámara de Comercio de Quito ha señalado el golpe que representaría dejar de explotar el Yasuní ITT. “La consulta pone en riesgo de manera innecesaria al 12 % de la producción petrolera, la cual significa aproximadamente 1.200 millones de dólares de ingresos para el Estado”, dijo la CCQ.

El candidato a la presidencia de la República, Otto Sonnenholzner, por la alianza SUMA y Avanza, señaló que si bien el impacto fiscal del Yasuní es importante, reducir el ISDtambién tendrá un impacto importante. “¿Qué prefieres tú, dos puntos más de IVAo el ISD?”, añadió.

La proforma 2024, en el limbo

Al ser un año electoral y al no haber Asamblea Nacional tras la muerte cruzada, la proforma 2024 deberá ser elaborada por el nuevo mandatario, que se prevé su posesión en noviembre.

Las nuevas autoridades tienen 90 días luego de haberse posesionado para presentar su presupuesto. Es decir, probablemente en enero deban definir la proforma para ser presentada a la Asamblea. Deberán considerar menos recursos tributarios y, quizá, por petróleo.