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Los proyectos de Progen, Quevedo III y Salitral, se debían incorporar entre fines de 2024 e inicios de 2025.Cortesía

Progen contrademanda a Celec: alega fraude y ser "chivo expiatorio" de los apagones

Progen exige un juicio por jurado en Florida y solicita una indemnización por daños a su reputación, lucro cesante y más

La empresa Progen Industries LLC ha contrademandado a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Florida. La firma estadounidense sostiene que fue víctima de un esquema de engaño, inducción fraudulenta y manipulación diseñado para ocultar las deficiencias del sector energético ecuatoriano.

El supuesto fraude de los Intermediarios

La contrademanda identifica a los ecuatorianos José Walther Manrique Suárez y Karla Julieta Saud Calero, accionistas de la empresa Astrobryxa, como los principales responsables de haber inducido a Progen a participar en las licitaciones en Ecuador bajo premisas falsas.

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"Sin que Progen lo supiera, Manrique y Saud presentaron documentos falsificados, incluyendo certificados falsificados que llevan una firma digital falsificada de uno de los directivos de Progen", señala el documento judicial.

Progen relata cómo Manrique y Suad se presentaron en mayo de 2024 como intermediarios. Primero aseguraron que con su empresa, Astrobryxa estaba preparando sus propias ofertas para participar de los contratos de emergencia de Celec y que supuestamente su propuesta había sido descalificada. Entonces ofrecieron ayudar a Progen, que no tenía experiencia en Ecuador. 

"También manifestaron que tenían un contratista que se encargaría de la instalación. Específicamente, Astrobryxa planeaba presentar ofertas a Celec afirmando que lo hacía en nombre de una empresa llamada Inycofyi Ingeniería y Construcciones S.A. (FYI) para dos contratos: el Contrato de Quevedo, y el Contrato de Salitral". Progen subrayó el rol de intermediarios, en este caso de Inycofyi que tiene actualmente tiene un contrato con Elecaustro, por 18,5 millones para el alquiler de 20 megavatios a instalarse en la termoeléctrica El Descanso, a las afueras de Cuenca.

"Chivo Expiatorio" de una crisis política

La demanda describe a Progen como un "chivo expiatorio". La empresa sostiene que Celec y el Gobierno ecuatoriano la utilizaron para desviar la atención pública de la crisis de apagones y la falta de gestión interna. Afirma que nunca tuvo la intención de defraudar al Estado, sino que fue utilizada como para proteger a los funcionarios del gobierno de la rendición de cuentas pública ante la crisis de apagones. La empresa alega que la estatal ocultó información crítica, como el hecho de que Karla Saud es pariente de Fabián Calero, quien era el Gerente General de Celec en el momento de la adjudicación. Esta afirmación se basa en la demanda de Ecuador, sin embargo no hay registro de parentezco familiar entre los dos y Fabián Calero también ha negado que sean parientes.  

Progen sostiene que, de haber conocido este conflicto de interés y el nivel de "tormenta política" en el país, nunca habría aceptado los contratos. "Progen fue atraída a una trampa política", dice el documento. 

Progen dice que hubo sabotaje desde el día 1 

A pesar de haber importado e instalado 46 generadores en Ecuador, Progen denuncia que Celec saboteó los proyectos. Argumenta que la empresa estatal pidió generadores "hora cero", un concepto técnico de la industria que no significa necesariamente que la unidad sea "nueva de fábrica". 

Ministra de Energía, Inés Manzano, en entrevista pasada con los medios.

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Según la empresa, "hora cero" puede referirse a un motor que ha sido revisado, reconstruido o reacondicionado y probado después de un mantenimiento, lo que permite que el medidor se reinicie y se eliminen los datos de ejecución anteriores. Alega que esto era conocido por Celec.

La contrademanda sostiene que ambas partes eran conscientes al momento de firmar los contratos de que los generadores serían de "cero horas de uso" y no obligatoriamente "nuevos de fábrica". Y que bajo esos conceptos, Progen importó e instaló un total de 46 generadores "de cero horas" "que cumplían con los requisitos contractuales para los proyectos de Quevedo (20 unidades) y Salitral (26 unidades)".

El documento señala que delegaciones de Celec realizaron inspecciones (tanto físicas en Tampa como virtuales vía Zoom) y emitieron informes aprobando los generadores como adecuados y conformes a los términos de los contratos antes de su envío.

La demanda acusa a Celec de un "sabotaje activo" y de provocar demoras operativas para justificar multas punitivas y la rescisión unilateral de los contratos. Progen argumenta que el caos administrativo —con tres cambios de gerentes y ministros en un año— junto con la falta de infraestructura en los sitios de instalación, impidió el éxito de los proyectos. 

Por ello, la empresa exige un juicio por jurado y una indemnización por lucro cesante, costos de ejecución y daños reputacionales, basándose en los siguientes puntos:

Los argumentos legales de la demanda

  • I Incumplimiento del Contrato de Quevedo: 

Progen alega que Celec violó los términos contractuales al no designar administradores de contrato adecuados, provocar retrasos repetidos, imponer multas por demoras que la propia Celec causó y rescindir el contrato injustificadamente sin dar oportunidad de subsanación.

  • II: Incumplimiento del Contrato de Salitral: 

Similar al anterior, Progen demanda por el incumplimiento material de las obligaciones de Celec en este contrato, incluyendo la falta de inspección oportuna de equipos y la interferencia con el rendimiento de la empresa.

  • III: Inducción fraudulenta (Fraudulent Inducement): 

Progen demanda a Celec por haberla inducido a entrar en los contratos mediante la ocultación de hechos materiales, como la supuesta relación familiar entre el entonces gerente de Celec, Fabián Calero, y los intermediarios Manrique y Saud.

  • IV: Omisión fraudulenta y ocultación: 

Se alega que Celec omitió deliberadamente información crítica que habría disuadido a Progen de participar en las licitaciones, utilizando a la empresa como un "chivo expiatorio" para proteger a funcionarios de la rendición de cuentas pública.

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