De cuestionadora del sistema a autoridad que busca empujar un cambio. Es el reto que Gabriela Campoverde se impuso desde junio pasado, cuando aceptó liderar el Senadi, la entidad que se encarga de normar y garantizar la Propiedad Intelectual del país. Su meta, dice, es dejar una institución depurada de miles de trámites sin despachar desde el 2012 y actualizada    conforme las exigencias de un entorno moderno.

- ¿Qué institución recibe?

- Vengo del sector privado, así que como usuaria conozco de primera mano los problemas de la institución: los atrasos en los trámites, la atención del usuario, los errores en el contenido de las resoluciones desde la perspectiva del Derecho. Así que cuando acepté el reto lo que hallé fue una entidad que administrativamente estaba atrasada en el tiempo, que se apoya con tecnología del año 2000.

- ¿Eso cómo ha afectado?

- El principal efecto son 40.000 trámites represados. Solo en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial nos hemos encontrado con un rezago de 38.000 trámites, entre tutelas administrativas, registro de marcas, oposiciones, trámites de derecho de autor.    Eso nos llevó a tomar acciones, aunque aún no podemos hacer cambios de fondo, porque estos rezagos    de trámite datan desde el 2012.

- ¿Eso quiere decir que en el país hay quienes esperan por un registro de marca desde el 2012?

- En marca existen retrasos de cuatro años, pero en recursos que están en apelación puedes tocarte con trámites que datan de ese tiempo. Una herencia de administraciones anteriores, que habiendo manejado presupuestos más altos, no invirtieron en actualización de tecnologías para atender mejor al usuario.

- Y qué se hace al respecto.

- Ya estamos trabajando para migrar al IPAS, un sistema que    maneja la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que permite hacer una labor más rápida y eficiente. No lo podemos hacer este año porque tenemos un presupuesto ya ejecutándose y porque aún estamos trabajando en una auditoría de trámites para depurarlos, para facilitar esto también se están flexibilizando algunos requisitos. La urgencia ahora son los trámites rezagados.

- ¿Qué otras reformas se vienen en esta materia?

- Trabajamos para presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimiento, Creatividad e Innovación (Coescci). Este mes iniciarán las mesas redondas para receptar de la ciudadanía sugerencias, según el sector en el que estén: software, gastronómico, diseño. La idea es subsanar los problemas que persistan con este Código que tiene 4 años de aplicación. La tecnología avanza tan rápido, no podemos tener una norma estática. Por otra parte, estamos trabajando en la implementación de la Ley contra el Comercio Ilícito que incluyó reformas que devuelven a la institución la capacidad de combatir las falsificaciones y productos que infringen la propiedad intelectual.    No necesariamente marcas, pueden ser también de derecho de autor. Fueron años en que el usuario no tenía cómo presentar acciones contra los productos que ingresan por las fronteras de forma ilegal. Ya se puede tipificar ese delito.

- ¿Ese vacío ha aportado al inusitado incremento del contrabando? Especialmente el de cigarrillos.

- Efectivamente ha subido también por un aumento en el ingreso de productos falsificados porque la cantidad de medidas de reclamos presentadas disminuyó,    porque legalmente no había una forma de tratarlas. Hemos estado varios años con las puertas abiertas al comercio ilícito. Y los cigarrillos no es lo único que se falsifica, lo que más llega al Senadi son infracciones por aparatos tecnológicos. Y este es un tema que a nivel regional nos ha quitado competitividad, porque las empresas muchas veces no se atreven a    invertir, a vender en el país por este problema.

- Pero qué se está haciendo ahora mismo con los productos ilegales que se expenden en las calles y que a primera vista se nota que son falsificados.

- Dependiendo de la infracción que se comete deben actuar varios organismos competentes. Cuando existe violación a derechos exclusivos de propiedad intelectual es el titular el que debe presentar una petición de parte para poder actuar.

- ¿Solo actúan cuando hay solicitud de por medio?

- En este tipo de casos lamentablemente tenemos que actuar a petición de parte, porque tenemos en cola las solicitudes. Podemos iniciar acciones de oficio, sí, pero siempre la prioridad la va a tener el usuario que ha solicitado. Sino tuviéramos los rezagos que tenemos que atender podríamos hacer este trabajo. Ahora la urgencia es atender al usuario que espera por un servicio, que ha pagado una tasa, que está atrás de su trámite.

- Antes de llegar al cargo, usted fue muy crítica por el sistema que regulaba a las Sociedades de Gestión Colectiva, aquellos entes que cobran por el uso de obras. La música que suena en restaurantes, por ejemplo. ¿Eso está en el radar de reformas?

- Por supuesto. Como usuaria también rechacé esta desconexión que existe entre estas sociedades y los usuarios. Por eso desde julio empezamos a trabajar también en mesas de encuentros para escuchar los reclamos, las quejas de todos los usuarios que básicamente utilizan los servicios de los creadores, como música u    obras audiovisuales en radiodifusoras, hoteles, restaurantes, peluquerías.

- ¿Qué se busca con esto?

- La idea es transparentar cómo están funcionando estas Sociedades, cómo recaudan, qué recaudan, por qué lo recaudan, lo distribuyen a los creadores o no.

- Se ha venido denunciando un abuso en la recaudación.

- Hasta noviembre tendremos que presentar los nuevos tarifarios. Ahora estamos revisando el repertorio de cada una. En algunos casos la tarifa tendrá que ajustarse, en otros tendrá que disminuir. Lo que tenga que ser va a ser, lo que cuidaremos es que sea una reforma justa. La idea es recobrar la confianza en el sistema y hacer que este funcione. Al final del día lo que buscamos es que el trabajo creador, el trabajo creativo, sea reconocido y retribuido.