“A mí sí me gustaría que uno de mis hijos se dedique al café”, asegura Libio Jaramillo, productor del cantón Quilanga, en la provincia de Loja. El agricultor, de 40 años, reconoce que cada vez es más complicado encontrar jóvenes que quieran dedicarse a las actividades agrícolas en el campo.

“La gente joven ya no quiere retomar el tipo de agricultura de nuestros padres o abuelos, que era algo más rústico. Eso hizo que los jóvenes traten de migrar a las ciudades”, aseguró Jaramillo.

En Ecuador, el empleo agropecuario está constituido principalmente por adultos de entre 45 y 65 años, representando 44,89 % de la población, y de la tercera edad, es decir, 65 años o más, que suponen el 31,07 %, según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (Espac) 2021, publicada en abril de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Apenas el 6,54 % de los trabajadores tienen entre 25 y 34 años de edad, según el estudio del INEC.

El relevo generacional es uno de los problemas más importantes que está atravesando el campo, asegura Francisco Chiriboga, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona.

Promover la actividad agrícola es uno de los retos que tiene el actual Gobierno, señala Chiriboga. “La única forma de volver a traer la gente al campo es haciéndole que tenga el interés y que sea actividad que les proporcione un desarrollo personal y profesional”, dice el dirigente gremial.

Las condiciones del trabajo son otro de los aspectos débiles del sector. La gran mayoría de trabajadores de la zona no posee remuneración, con el  73,93 %; de los jornaleros que sí perciben remuneración,  15,9 % lo hace solo de forma ocasional y únicamente                                10,17 % posee una remuneración permanente.

“Es un negocio que se llama ‘pesetero’. Mientras la gente no comience a trabajar en equipo no va a tener economías de escala que les permitan tener un negocio sostenible”, señala Rodrigo Gómez de la Torre, consultor en temas agrícolas.

Otros hallazgos de la Espac    señalan que la gran mayoría de productores son hombres, con el 72,73%, mientras que las mujeres representan el 27,27 %. En el caso de la autoidentificación étnica la mayor parte de la población dentro del empleo agropecuario se identifica como mestizo, con 69,58 %, seguido del indígena, con 16,37%.

La pandemia también causó estragos en el sector. Según el estudio, el 31,4 % de productores sufrió algún tipo de dificultad. De los que presentaron inconvenientes, los más comunes estaban relacionados con la venta y comercialización de productos, tanto por falta de compradores como de transporte, con 81 % y 76,4 % de productores afectados, respectivamente. Sin embargo, estos no han sido los únicos inconvenientes que enfrentaron, ya que también sufrieron dificultades para adquirir insumos, trabajar en sus terrenos, contratar mano de obra y ofrecer trabajo.

A inicios de año, el Ejecutivo lanzó el proyecto de Fomento a la Inversión Agropecuaria que otorga créditos productivos focalizados, de $ 500 a 5.000, al 1 % de interés anual a 30 años plazo. Para Chiriboga, los créditos están sirviendo para reactivar al sector en medio de insumos más caros.

Sin embargo, el agro necesita políticas más a largo plazo, señala Gómez de la Torre. Los préstamos se convierten en salidas de corto plazo para aliviar a los productores.

• Un sector clave en medio del contexto global

La guerra en Ucrania disparará la pobreza y la crisis alimentaria en América Latina y el Caribe por el aumento en los precios, en una región impactada aún por la pandemia, advirtió este martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

“Millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza y la inseguridad alimentaria si continúa el conflicto en Ucrania”, dijo Lola Castro, directora para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), con sede regional en Panamá.

Según un comunicado de esta agencia de las Naciones Unidas, actualmente la inseguridad alimentaria afecta al menos a 9,3 millones de personas en los países latinoamericanos, cifra que “en el peor de los casos” “podría ascender a 13,3 millones” si la guerra “continua sin cesar”. El aumento de la inflación alimentaria amenaza a la región, con varios países muy dependientes de las importaciones de cereales.