Uno de los principales implicados en la trama de corrupción, que tiene al Isspol con un vacío de $950 millones en sus cuentas de inversión, podría tener sus días libres contados. El pasado 16 de noviembre, el Tribunal de Distrito Sur de Florida (Estados Unidos) cambió el estatus judicial de la causa que sigue en contra de Jorge Chérrez, presidente de Ibcorp Investments, de investigado a prófugo de la justicia de ese país, que lo acusa de una supuesta    participación en un esquema de soborno y lavado de dinero en suelo americano, que involucra recursos del seguro policial.

Chérrez, que venía siendo investigado junto a Jorge John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol (ya capturado en ese país) desde marzo de este año, recibió una reformulación de cargos en su contra el pasado 14 de octubre, que incluyó el congelamiento de bienes por un monto de $ 176 millones. La causa, que está en manos de    la jueza de la Corte, Kathleen M. Williams, ya derivó en    una orden de arresto en su contra, pero    “dado que el acusado no ha hecho una comparecencia inicial, el imputado es transferido a la condición de prófugo”, según se lee en la orden de transferencia del caso firmado por Williams, al que EXPRESO tuvo acceso.

El paso que ha dado Estados Unidos es clave, explica Renato González, director del Instituto   del Seguro Social Policial (Isspol), pues acorta las posibilidades que Chérrez tiene para evadir la justicia. La medida, sostiene, daría paso a dos vías para capturarlo: que el Departamento de Justicia norteamericano lo incluya en un programa de recompensa, tal como recientemente lo hizo con el colombiano Álvaro Pulido Vargas -acusado por lavado de activos en dos programas sociales de Venezuela- tras ofrecer $ 10    millones por su ubicación y captura.    “Eso fue por un caso    de lavado que implica recursos por    180 millones. En el caso de Chárrez, la justicia ya autorizó el congelamiento de $ 176 millones de bienes”.

La otra posibilidad es que Estados Unidos pueda solicitar    difusión roja a Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), para su pronta localización y arresto. “Con eso, al señor Chérrez, ya se le complica todo, ya no podrá trasladarse libremente como estaba acostumbrado entre Panamá, islas Caimán para realizar toda las operaciones que ahora son claramente identificadas. Eso significaría que en cualquier momento podría ser capturado, incluso si está en México, aunque se autodefina como mexicano”.

Se cree que el avance de las investigaciones de Estados Unidos es parte de los resultados que arroja el acuerdo de colaboración firmado entre la justicia de ese país y Luis Álvarez, exgerente del Decevale (ente custodio de títulos valores de Ecuador), otro de los procesados en este caso y que, en junio, de este año, admitió haber recibido sobornos.

Desde septiembre del 2020, el Isspol viene reclamando la pérdida de $ 950 millones en inversiones, de los cuales $ 693 millones se atribuyen a    Chérrez, tras dirigir, con ayuda de Álvarez y Luzuriaga, negociaciones en operaciones Swap, bonos con pacto de recompra y compra de bonos puros. En el documento de reformulación de cargos del Departamento de Justicia se señala que, entre 2014 y 2020, Chérrez habría pagado más de $ 2,6 millones en sobornos a funcionarios del Isspol para obtener los negocios de inversión del seguro policial. Según la denuncia, Chérrez habría recibido pagos del negocio    en una cuenta en EE. UU. y habría utilizado compañías y cuentas con sede en Florida para pagar los supuestos sobornos.