Presiones y oposición. Es lo que Tania López, exfuncionaria de la Superintendencia de Compañías, halló en las acciones de control a las firmas implicadas en la trama de corrupción del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Este jueves 17 de noviembre, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en donde se sustancia un juicio político contra el superintendente Víctor Anchundia, la exfuncionaria dijo que Citadel, Accitlan, Summarating, Depósito Centralizado de Valores (Decevale), Valpacífico y Atlántida presentaron inconsistencias en sus manejos económicos y, sobre todo, en procesos con el Isspol. Las primeras alertas se detectaron desde el 2014.

López dijo que estos hechos irregulares, que incluyen transacciones que no estaban normadas, no solo se dieron con Isspol. Citadel, del empresario Carlos Xavier Neira, simulaba operaciones bursátiles en las que se omitían las normas.

Como casa de valores, Citadel representaba tanto a los compradores de bonos como al Isspol como vendedores. Pero en estas transacciones carecían de documentos. No se firmaban convenios ni contratos, no había una contraprestación ni se dejaba constancia, por escrito, sobre los representantes de las partes compradoras.

De esta forma, y con el apoyo de Decevale, el Isspol participó en 26 negociaciones con bonos, de los cuales perdió más de $ 300 millones.

Sobre Ecuagran, López dijo que fue intervenida dos veces por la Superintendencia de Control. La primera en 2019, pero un año después logró salir de los focos del ente de control. En 2020 colocó en el mercado valores por 15 millones que fueron adquiridos por Isspol, de los cuales el instituto policial no ha podido recuperar.

López no pudo explicar por qué los controles se levantaron y en 2020 se permitió a Ecuagran hacer una última operación, que para el Isspol significó una estafa. Actualmente la firma está en liquidación y su principal acreedor es el instituto de la Policía, que exige más de $ 20 millones.

Ricardo Rivera, intendente Nacional de Mercado de Valores, dijo que Decevale registró en sus cuentas recursos del Isspol para la adquisición de Bonos Globales, dinero que era manejado por empresas de Jorge Chérrez, hoy procesado.

Daniel Pino, abogado de Ecuagran, fue el tercero en comparecer. Aseguró que su trabajo fue tratar de salvar la empresa y pagar a los acreedores. Y ofreció al Isspol convertirse en dueño de Ecuagran para cubrir la deuda. 

LA CIFRA 

$ 950

millones es el perjuicio contra el Isspol a través de transacciones riesgosas.