Ayer, tras ocho meses de investigación, la Justicia de Ecuador dio su primer veredicto en el primero    de una veintena de casos legales que sigue para hallar culpables de las fallidas inversiones en contra del Isspol. No obstante, la resolución fue tomada con cierta desazón por parte de los actores del seguro policial, pues solo dos de los cuatro imputados en el caso Citadel fueron llamados a juicio.  Ambos, en condición de prófugos.

En audiencia, el juez Juan Carlos Terán decidió que Luis Álvarez y Gonzalo Navarro, exdirectivos del Decevale, irán a los tribunales, y    que    Xavier Neira, expresidente de Citadel y Oriana Rumbea, su esposa y exdirectiva del Decevale, fueran sobreseídos por cuanto no existieron elementos suficientes que establezcan que ambos participaron en el delito de falsedad de información en esta trama, que se centra en el destino que tuvieron los $ 32 millones que el Isspol transfirió al Decevale, que si bien inicialmente iban a ser destinados a la compra de bono 2028, terminaron usándose para    otros beneficios. Según Fiscalía, de los $ 32 millones, $ 17 millones habrían ido a manos del intermediario financiero Jorge Chérrez,    presidente de Ibcorp, mientras que $ 15 millones habrían sido entregados a Neira.

“Sabíamos que nos estábamos enfrentando a poderes políticos y económicos muy fuertes y lo que acaba de suceder estaba dentro de lo previsto: que se llamaría a juicio a los más débiles como Álvarez, quien está con juicio en Estados Unidos (y con orden de prisión en Ecuador) y su yerno,    Gustavo Navarro, que anda prófugo”, dijo Renato González, minutos después de terminada la audiencia.

Según el dictamen, no existirían elementos que involucren a Rumbea en procesos    operativos, en los que Álvarez y Navarro emitían supuestas   certificaciones falsas    (de tenencia de inversiones) para el Isspol, ni pruebas que establezcan que  Neira haya tenido una comunicación directa con el ente policial. Por lo que se levantó las medidas cautelares contra Neira y Rumbea. 

Sin embargo, esto no fue aceptado ni por el Isspol ni la Policía Nacional, ni por la propia Fiscalía que anunciaron ayer, de forma oral, que se acogerían al recursos de apelación, que deberán presentar en un lapso de 90 días. El fiscal César Suárez señaló que el fin es que una de las    salas integradas por los jueces provinciales pueda conocer el caso y permitir que la Fiscalía    demuestre “que ha existido una mala valoración respecto a los elementos de convicción que se han presentado”.

El funcionario judicial recordó que en su acusación “presentó pericias bursátiles, pericias contables realizada por el mismo Decevale, informes investigativos, versiones que comprobaban que nunca existió la compra de dichos bonos". También, dijo, "existen correos, los cuales están debidamente materializados que hablan de la relación que existiría entre el Sr. Chérrez y Neira respecto a los actos que se venían realizando en esta institución”, dijo.

Consultado por este Diario, la defensa de Neira, Fernando Yávar,  insistió en la inocencia de su cliente. Según él, todas las operaciones fueron realizadas a través del Decevale y "nunca ese dinero estuvo en las cuentas del señor Neira, ni en sus cuentas personales, ni en sus cuentas corporativas, es decir de la casa de valores Citadel".

"Para la acusación de la Fiscalía es falso porque hizo operaciones a nombre de Ibcorp, y esa plata era de Isspol, pero se parte de otro error, y es que Isspol nunca tuvo un contacto (con Neira), no hay evidencia de eso, de que le hayan notificado de que esos valores, que fueron las operaciones realizados por el sr. Neira, respecto a los $ 32 millones fueran de origen del Isspol,  ", reiteró. Admitió que sí hay un contacto directo con el sr. Chérrez, "pero este le dice, tengo estos valores registrados en el Decevale, a nombre de Ibcorp y le pide que haga operaciones, pero él no maneja los $ 32, él maneja otras cantidades...Si mal no recuerdo se hacen 70 operaciones bursátiles, pero todas pagadas. No se reportó ningún perjuicio para Ibcorp que era el comitente".