La inversión público-privada en Ecuador, nuevamente sin un ente impulsor
La nueva Ley de Integridad Pública plantea eliminar la secretaría gestora de proyectos con financiamiento público-privado
La Asamblea Nacional aprobó el pasado 24 de junio la reforma dentro de la Ley Orgánica de Integridad Pública que permite al presidente Daniel Noboa eliminar la Secretaría de Inversiones Público-Privadas (SIPP), creada en 2021 para profesionalizar las alianzas público-privadas que históricamente funcionaban de forma dispersa. Pero la propuesta llega en un momento crítico: el país registró en 2024 la menor inversión extranjera directa en 14 años -$232 millones- y el déficit presupuestario hace que el gobierno tenga dificultades para ejecutar obras con recursos propios.
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“Es un retroceso absoluto. Estamos quitándole institucionalidad al país justo cuando más la necesitamos”, advierte Rodrigo Quezada, consultor especializado en infraestructura. “Volver al modelo anterior es regresar a lo que sabemos que no funcionó”.
Entre 1996 y 2015 apenas se concretaron 17 proyectos, principalmente viales y portuarios. Antes de la creación de la SIPP, en 2021, cada ministerio manejaba sus iniciativas de APP (Alianzas Público-Privadas) sin metodologías unificadas, anotan los expertos de esta área.
La SIPP, impulsada por el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, buscó cambiar ese escenario fragmentado. “El principal logro fue generar una ruta clara para que el inversionista supiera cómo estructurar un proyecto APP”, explica Marcelo Bodero, abogado experto en inversiones.
Roberto Salas, exsecretario de APP, detalla los avances logrados con la institución: “Firmamos 10 contratos de concesión eléctrica cuyas inversiones son cercanas a $1.500 millones. La reestructuración de un portafolio de 12 proyectos viales y portuarios”.
El Gobierno no ha dado detalles sobre la nueva forma en cómo se gestionarán estos proyectos. No obstante, seis días después, de conocerse lo que dice la ley, la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, aseguró que los proyectos continuarán “sin interrupciones”.
El problema de fondo
Para los expertos, para fortalecer el esquema no se necesita suprimir la entidad, sino corregir normas que impiden la real ejecución de estas obras. “Una cosa es que haya proyectos aprobados; otra, adjudicados. Si no se ejecutan, lo que hay son papeles”, dice Bodero.
Al respecto, Salas explica que los proyectos no se han ejecutado debido a que los contratos firmados aún deben cumplir las “condiciones precedentes” requeridas entre la adjudicación y el inicio de construcción.
En el caso específico de los 10 proyectos de generación de energía eléctrica, que ya están firmados, falta constituir las garantías de pago y los fideicomisos con fondos de contingencia, un proceso burocrático que ha tomado año y medio.
Bodero insiste en señalar que “la ley es tremendamente engorrosa. Antes que agilizar, vuelve los procesos tortuosos y poco ágiles. Eso significa que el inversionista se ahuyenta”. Y cita un ejemplo: las iniciativas privadas solo pueden presentarse en los tres primeros meses del año.
Pedro Pablo Romero, docente de economía de la USFQ, considera que “Ecuador no ha hecho reformas profundas. Todo es maquillaje. Sin cambios serios en lo judicial, tributario y laboral, no hay forma de atraer inversión sostenible”, enfatizó.
Para el académico, “desde afuera ven a Ecuador como un país pequeño, fragmentado y caótico políticamente, donde el narcotráfico se tomó las instituciones”. Por esta razón, eliminar la Secretaría confirma la falta de continuidad institucional que caracteriza al país.
Volver al modelo previo también significa que cada ministerio deberá gestionar sus proyectos de APP, pero “no tienen las capacidades para generar una ola sostenible de proyectos”, advierte Salas, quien expone los resultados de su gestión pese al bajo presupuesto que también llegó a limitar su acción. Chile tiene 300 técnicos en su dirección de concesiones y Colombia 250, Ecuador contaba con apenas 30 en la SIPP.
Perú es un ejemplo de estabilidad ya que sus contratos de APP están protegidos constitucionalmente y cuenta con ProInversión, una agencia especializada en este tipo de alianzas. En 2024 generó inversiones por $9.000 millones y maneja un portafolio de $23.000 millones. Chile, por su parte, alcanzó los $15.319 millones durante el 2024, la tercera cifra más alta desde 2015, según InvestChile.
Para Bodero, con una secretaría o no, los procesos deben ser menos engorrosos. Salas en cambio, cree que si se elimina el ente al menos habría que crearse un ente ejecutor que coordine con los ministerios. “Teníamos una institución incipiente, pequeña, pero ya con metodología, herramientas y con algo de credibilidad. El siguiente paso, en su criterio, era robustecerla, no desmantelarla”.
¿Qué está en juego?
En Ecuador, los 12 proyectos del portafolio APP ahora enfrentan un futuro incierto. Tres ya tienen estudios de prefactibilidad listos y estaban próximos a licitación. Entre ellos: la carretera Loja-Macará, el quinto puente sobre el Guayas y el puerto de Esmeraldas.
Eliminar la SIPP -en un contexto donde se busca atraer capital privado-deja un mensaje contradictorio. Como resume Romero: “Los inversionistas no comen palabras. Comen decisiones y hechos”.
Ecuador subió al puesto 9
La SIPP logró que Ecuador subiera del puesto 16 al 9 en el ranking del BID de institucionalidad APP, pero nunca concretó una licitación exitosa. Los contratos eléctricos firmados por $1.500 millones aún esperan garantías para iniciar obras. La decisión coincide con la crisis del SOTE, que genera pérdidas de $7,5 millones diarios y tiene una propuesta privada para su reparación desde hace cuatro años sin una respuesta estatal.
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