¿Habrá consecuencias por la disminución del fondo patrimonial del IESS?
La reducción del patrimonio del IESS refleja décadas de manejo político y clientelar que hoy pasan factura
La disminución del fondo patrimonial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se ha convertido en un problema urgente que empuja a la institución hacia medidas extraordinarias. En su presupuesto para 2025, el IESS proyectó la desinversión de $ 1.569 millones administrados por el BIESS para cubrir pensiones, salud y el seguro campesino, una señal de tensión entre liquidez inmediata y sostenibilidad futura. Este movimiento, que ya genera debate público, plantea la disyuntiva de si las ventas de activos son un alivio temporal o un paso más hacia el debilitamiento de la seguridad social.
El economista Juan Manuel García sostiene a EXPRESO que “la cuestión patrimonial de cualquier seguro, sea este privado o público, constituye no solo un asunto financiero, sino también ético y social”. A su criterio, el IESS ha sido mal llamado “seguro social” y convertido en herramienta política, donde los fondos han sido manipulados con fines clientelares y paternalistas.
“Esto ha generado que los gobiernos lo consideren como una caja chica para financiar sus déficits, que los afiliados lo perciban como un resort sanitario ilimitado y que ciertos sectores no afiliados, amparados en una supuesta afiliación campesina subsidiada, lo utilicen como si se tratara de un bien propio”, advierte. Para García, este patrón ha erosionado la solidaridad intergeneracional que debería sostener el sistema.
El aporte estatal y la presión fiscal
Un ejemplo crítico, añade el economista, es el aporte estatal del 40% para financiar las pensiones del IESS, impuesto sin respaldo técnico ni actuarial, que terminó convirtiéndose en un mecanismo de presión fiscal. En lugar de transferencias líquidas, los gobiernos entregaron bonos y acumularon una deuda superior a los 8.000 millones de dólares, nunca devuelta ni en capital ni en rendimientos.
“En condiciones de eficiencia y transparencia, ese 40% no sería necesario; el sistema podría sostenerse solo con aportes de afiliados y empleadores”, explica García. Sin embargo, en la práctica se pagan hasta 14 pensiones anuales, se toleran abusos de cobertura y se mantiene una estructura administrativa sobredimensionada, lo que agrava la insostenibilidad.
Las consecuencias prácticas ya se palpan
Mientras tanto, las consecuencias prácticas ya se sienten: presión sobre el pago de pensiones, retrasos en salud, y riesgo de que el Estado absorba una deuda que impacta sus propias cuentas fiscales.
Para García, las reformas para mejorar la situación patrimonial del IESS, deben incluir la depuración del seguro campesino, limitado solo a quienes cumplen con el perfil real de afiliado, un cruce de datos que elimine a falsos beneficiarios, y una separación clara entre la cobertura del IESS y la del sistema nacional de salud pública. Solo así, asegura, que la institución podrá enfocar sus recursos en afiliados y jubilados, garantizando calidad y sostenibilidad.
