Fondo energético del Banco Mundial en Ecuador

A finales de mayo, la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, formalizó una alianza con la compañía ecuatoriana GPS Group para impulsar proyectos energéticos privados. Este acuerdo es parte de un fondo de inversión de $500 millones, de los cuales $300 millones ya están operativos, según Patricio Salazar, presidente ejecutivo de GPS Group.

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La firma, que comenzó en 2017 trabajando con el sector camaronero, ha ampliado su alcance al sector industrial, ofreciendo soluciones que responden al nuevo contexto energético ecuatoriano, con amenazas constantes debido a los estiajes y la débil matriz de generación energética nacional. La actual Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica exige que las empresas de alto voltaje sean capaces de abastecerse a sí mismas, lo que ha incrementado la demanda de soluciones energéticas privadas.

En el marco de esta alianza, GPS Group trabaja actualmente con más de 50 empresas, brindando un modelo integral que combina tecnología, generación energética y participación financiera. Como explica Salazar: “No vendemos solo un motor, vendemos un proyecto integral de equipamiento. Podemos vender paneles solares, pero nuestro negocio es vender kilovatios/hora. Y ahora, gracias al fondo con la IFC, también participamos como socios del cliente en la inversión”.

La empresa destaca la necesidad de diversificación energética como clave para dar confianza a los empresarios. Muchos proyectos requieren energía continua y no pueden depender únicamente de fuentes solares.

GPS Group ya impulsa iniciativas hidroeléctricas y térmicas, aunque estas últimas enfrentan más trabas regulatorias. “El ‘mix’ ya lo estamos levantando. Lo que ha avanzado más rápido es lo solar por la regulación (el plan es generar al menos 400 megavatios, MW). Por eso se necesita trabajar más en normativa para otros tipos de proyectos, sobre todo térmicos”, dice Salazar.

En cuanto al avance del fondo, señala que el crecimiento será progresivo y estará directamente condicionado al entorno legal. “Esta inversión depende de la velocidad con que existan normativas y regulaciones que brinden seguridad jurídica”.

Desafíos superados

Conseguir la alianza con un organismo multilateral no fue un camino sencillo. El proceso con la IFC exigió altos estándares operativos, legales y de transparencia, que GPS Group logró cumplir tras una exigente preparación.

“Fue un enorme desafío corporativo. El mayor reto fue armarnos como organización y tener el equipo humano a la altura de las conversaciones con la IFC”, comenta Salazar.

Agrega que este tipo de organismos “no firman con cualquiera, ni firman rápido”, y que la concreción de esta alianza es apenas un paso inicial. “Pasamos filtros técnicos, de credenciales y estructura. Ahora viene el trabajo más duro: convertir la intención en resultados”. 

Falta normativa

A pesar de algunos avances normativos, el sector energético ecuatoriano aún enfrenta barreras que limitan su desarrollo. Salazar considera que el país debe abrirse a la inversión privada no solo en generación, sino también en transmisión, distribución y comercialización de energía. “Ecuador se quedó atrás. Es necesario conversar con las autoridades para que el marco regulatorio cambie radicalmente”.

Critica el control estatal excesivo y los riesgos asociados. “En la región no hay monopolios estatales en transmisión y distribución. Aquí hemos tenido que luchar contra eso y contra las mafias de la contratación pública durante 10 años”.

Aun así, destaca que ya se han logrado pasos importantes con grandes empresas privadas que se han sumado a los proyectos. “Están comprometiendo su demanda, sus recursos, incluso ofreciendo terrenos donde desarrollar los proyectos. No puedo dar nombres por confidencialidad, pero hemos avanzado desde la firma con la IFC”.

Salazar sostiene que en los próximos meses observaremos la materialización de los estudios y conclusiones con la inauguración de pilotos.

Programas piloto

La expectativa es que en los próximos meses sea posible inaugurar programas piloto que se desarrollen en asociación con más de 50 grandes empresas. Y con esto materializar las propuestas para proveer de energía al ámbito privado, las cuales servirán de modelo para otros sectores.

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