Al inicio de su mandato, el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que trabajaría para lograr que la caída del riesgo país sea una realidad. No obstante, un año después, diferentes circunstancias han sido un traspié para ese objetivo. Todo lo contrario, este 16 de junio de 2022 ese indicador se elevó a 1.010 puntos, la cifra más alta que haya registrado su Gobierno.

La inestabilidad política, económica y social que atraviesa Ecuador, que en esta última semana se ha puesto de manifiesto con los efectos del paro, ha vuelto a sembrar la desconfianza y preocupación de los tenedores de deuda local e inversores internacionales, quienes para tomar precauciones han empezado a exigir al país mayores tasas de rentabilidad. “¿Qué hemos visto en esta semana? Que si los bonos del Ecuador 2030 se negociaban a una tasa de rentabilidad del  9,1 %, hoy esos mismos bonos se están negociando a una tasa del 10,3 %. Si vamos a bonos de más largo plazo, tenemos que esa tasa pasó de 11,8 a  13,3 %”, explicó  Santiago Mosquera, analista económico y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Las Américas (UDLA).

Esa preocupación, señalo, se da porque la actual manifestación lleva a recordar los acontecimientos del paro de octubre del 2019, que llegó a generar una fuerte reducción en el precio de los bonos del Ecuador. El temor es que la protesta evolucione y tenga consecuencias similares. “No se sabe qué va a pasar, si el gobierno va a aceptar las condiciones que están proponiendo los indígenas, si va a soltar más dinero que pueda afectar la sostenibilidad fiscal. Dado ese escenario, se considera que hay más riesgo y por ello se exige más”.

Eso, añadió, es lo que llevó a que el pasado martes y miércoles el riesgo país, el indicador elaborado por el banco estadounidense JP Morgan para medir las posibilidades de pago de deuda de una nación, se eleve 100 puntos en esta semana y que el jueves cerrara en 1.010. 

Pero no fue el único motivo. Alejandro Arreaza, economista para América Latina de Barclays, coincide con Mosquera en creer que en esto también influyó la política monetaria de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos de elevar los tipos de cambio, como método para ayudar a frenar la inflación de los mercados. La entidad estadounidense los incrementó el pasado 15 de junio en un 0,75 %, el alza más alta desde 1994.

Arreaza aclaró que este último factor también fue determinante para elevar el indicador de otras naciones. Para el caso de Ecuador, añaden los expertos, esto no tendrá un efecto directo sobre el país porque, por los altos precios de crudo (el barril llegó ayer a los $ 117), no requiere salir ahora mismo al mercado a emitir más deuda y financiarse. Esto termina afectando a aquellos que ya habían comprado la deuda de Ecuador y que, de querer venderla, van a tener que hacerlo a precios más bajos y con tasas de rentabilidad más altas.

“También el sector privado que busca financiamiento fuera. Igual si tenías inversiones de proyectos que se fuesen a hacer en Ecuador, la viabilidad financiera será más alta”. Eso, dijo Arreaza, podría afectar la inversión.

Un escenario en contra que tiende a alargarse hasta que no se conozcan los términos de una posible negociación entre el Gobierno y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que podrían llevar al Estado a tener que ceder y elevar nuevamente su gasto fiscal, una de las mayores correcciones que ha tenido que aplicar el actual régimen para salir del abultado déficit, una de las causas de la inestabilidad económica del país, en los últimos años. 

“Lo que preocupa a los inversionistas es que el Gobierno se comprometa a aumentar el nivel de gasto, a través de mayores bonos, algún tipo de control de los precios de derivados de petróleo en el mercado local, condición de nuevos créditos, eliminación de cartera vencida”, manifestó Mosquera.

Sobre si esto afectará al programa económico que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que entre sus condiciones tiene el guardar un equilibrio fiscal, los especialistas creen que eso no sucederá. Mosquera opina que los ingresos petroleros aún le dan cierto margen de maniobra al Gobierno para aumentar el gasto sin comprometer lo acordado. De ahí que el programa debería seguir su curso, incluyendo el desembolso de los 1.000 millones de dólares de financiamiento que se esperan para este mes.

Arreaza tiene un criterio parecido. Para él, la negociación con el organismo internacional está dada y debería llegar a su término a fines de este año.