Fabrizio Peralta: “Se sabe que en la Bahía se venden datos personales”

El superintendente de Protección de Datos, Fabrizio Peralta, explica a Diario EXPRESO el trabajo que realiza la entidad y qué falta por hacer para frenar la suplantación de identidad.

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- ¿Por que hay la sospecha de que se siguen vendiendo datos personales, pese a que desde mayo de 2021 existe una ley que lo impide?

- La ley no cambia la cultura. Construir una cultura de cuidado de datos personales requiere tiempo. (...) Se requiere tiempo para cerrar las brechas que se han dado por malas prácticas que se han extendido en las empresas públicas y privadas. Se ha pensado siempre que los datos personales son casi que activos intangibles de las organizaciones públicas o privadas. Y eso no es así.

- ¿Cómo cambia la ley ese paradigma?

- La Ley de Protección de Datos (...) se centra en los derechos que tienen los titulares sobre sus datos, pero la ley tampoco les dice exhaustivamente a los responsables, encargados o terceros del tratamiento de datos personales cómo tienen que específicamente proteger tales datos personales y tratarlos de manera debida.

- Usted dice que una ley no cambia la cultura, pero hay una superintendencia que debe trabajar para cambiar esa cultura.

- Yo me posesioné ante la Asamblea Nacional el 23 de abril del 2024. Desde el 2021, cuando la ley se dictó, hasta el 2024 no existía ni superintendente ni superintendencia. (...) Me posesiono el 23 de abril del 2024 y el presupuesto me lo asigna el Ministerio de Economía y Finanzas a mediados de septiembre del 2024. De esa fecha para acá, hemos hecho mucho con poco, (...) pero ciertamente nos falta mucho por hacer. La institución tiene 33 funcionarios. De esos, nueve están repartidos en tres intendencias generales, tres por cada intendencia. (...) Estamos saturados, porque tenemos que hacer investigaciones que eventualmente pueden derivar en sanciones, pero mucha gente dice: ‘Sancionen ya, ¿qué esperan para multar?’.

- ¿Qué se espera?

- No es tan sencillo. Primero, hay que hacer investigación. Segundo, nuestros medios son limitados. Tercero, hay que seguir el debido proceso.

t- EXPRESO ha publicado esta semana varios casos en los que los jubilados y trabajadores activos denuncian cobro de créditos ilegales tramitados mediante suplantación de identidad. ¿El Biess y IESS tienen delegados de protección de datos?

- No estoy seguro si dentro de los 1.231 registrados en la superintendencia está el del Biess, tendría que consultar. Si está, yo me imaginaría que sí, pero tendríamos que ver la información y no la tengo a la mano.

Las computadores deben tener protección especial

- ¿Qué no se está haciendo en empresas e instituciones públicas como el Biess y IESS?

- Las organizaciones públicas o privadas deberían tratar la mínima cantidad de datos personales. (...) Tienen que tratar los datos sobre la base de la confidencialidad y el sigilo, que no se agota firmando convenios de confidencialidad o contratitos que dicen que la información se va a guardar debidamente, no; sino que supone tomar medidas técnicas, organizativas, administrativas, jurídicas inclusive y tecnológicas, para procurar que la información que se trata no sea objeto de filtraciones. Por ejemplo, las computadoras deberían estar inhabilitadas para los ‘pendrives’ u otro tipo de dispositivos que fácilmente sirven para llevarse la información. (...) A veces, las personas que trabajan en determinado lugar se llevan la información. Se sabe que en Guayaquil, en la Bahía se venden bases de datos. No debe estar la información privada abierta para cualquiera. (...) El rector de una universidad pública ecuatoriana me contó que a una funcionaria de una de las carreras de esta universidad la secuestraron porque por la Ley de Transparencia se supo cuánto ganaba. ¿No tenemos nosotros derecho también a una privacidad como funcionarios públicos?

- Pero los medios publican eso, para saber que un funcionario entró teniendo $1 en su cuenta, para que luego no salga con $1 millón. Regresando a los casos que estamos analizando, ¿son suficientes los 1.231 delegados de protección que hay para 3.146 entes públicos?

- Falta gente con formación adecuada para poder ser delegada de protección de datos personales. Entonces, es comprensible que en estos momentos las entidades del Estado no hayan podido completar el número de delegados que se requieren. Es necesario que se protejan los datos que hay hasta en las unidades de educación.

- ¿Cómo va la norma que la Corte pidió a Acortel para las empresas de teléfono?

- Estamos participando en la mesa técnica para establecer la normativa que permita disponer de mecanismos para poder verificar de una manera más efectiva la identidad de quienes adquieren planes telefónicos móviles.

- ¿Qué le correspondería al Gobierno darles para que ustedes puedan hacer un mejor trabajo?

- Necesitamos recursos, pero estamos conscientes de que las necesidades estatales a veces tienen otras prioridades. Solicitamos un presupuesto ya establecido, algo más de 3 millones de dólares. Mi compromiso es arbitrar o diligenciar las investigaciones.

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