El sector camaronero rechaza implementación de controles al metabisulfito de sodio

Mediante un comunicado, el sector camaronero de Ecuador rechazó la implementación de nuevos trámites relacionados con el control del metabisulfito de sodio que busca efectuar el Ministerio del Interior para tener más control de lo que se comercializa.

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Interior había anunciado la creación de una nueva guía y una tasa adicional para regular el uso del metabisulfito de sodio, un insumo químico utilizado en la industria camaronera. El objetivo oficial es evitar el desvío del producto hacia actividades ilícitas, dado que puede tener otros usos fuera de la cadena alimentaria.

Sin embargo, el sector camaronero sostiene que el metabisulfito es un insumo legítimo y seguro, empleado como preservante para evitar la oxidación y descomposición del camarón.

“En la industria camaronera, el metabisulfito es un insumo de uso plenamente legítimo y seguro, empleado como preservante para evitar la oxidación y descomposición del producto. Además, el sector ya cuenta con sistemas de trazabilidad que registran rigurosamente el manejo de sus insumos, por lo que considera innecesario establecer un trámite adicional que resultaría complejo de cumplir, especialmente para productores pequeños y medianos”, añade la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) en su comunicado.

Como alternativa, el gremio plantea aprovechar la guía de remisión del Servicio de Rentas Internas (SRI), incorporando en ella los campos necesarios para el registro del metabisulfito, en lugar de crear un documento adicional “que incrementaría la carga operativa y económica”.

Asimismo, la CAN menciona en su escrito, solicita revisar el cobro asociado a la nueva guía, dado que no constituye un servicio directo al productor y generaría un impacto significativo en los costos de la cadena productiva.

“La nueva guía tendría un valor de 6,58 dólares por emisión. Para las grandes empresas esto implicaría un gasto anual entre 30.000 y 50.000 dólares. A nivel de todo el sector, el costo agregado superaría los 4 millones de dólares anuales. Un impacto directo en la competitividad”, señaló José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la CNA.

Tres medidas para evitar cargas innecesarias

Asimismo, el sector propuso tres medidas inmediatas para evitar que la aplicación anunciada genere cargas innecesarias:

• Solicitar la ampliación del plazo de implementación previsto para el 1 de enero de 2026, permitiendo un ajuste ordenado y técnicamente viable.

• Optimizar la actual guía de remisión del SRI en lugar de crear un documento adicional, incorporando en la guía existente los campos necesarios para registrar el metabisulfito sin añadir trámites ni costos para los productores.

• Revisar el esquema de cobro, a fin de que una medida orientada al control químico no derive en un costo recurrente que afecte la competitividad del principal sector exportador no petrolero del país, ya que implicarían un costo adicional de alrededor de $4 millones anuales para la industria.

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