El impacto económico de la liquidación de TAME en la aviación ecuatoriana

La aerolínea estatal TAME EP fue oficialmente puesta en proceso de liquidación en mayo de 2020 por decreto presidencial, tras la caída drástica de pasajeros debido a la pandemia del COVID-19. Aunque el proceso debía concluir en 60 días, se ha extendido por más de cinco años, con múltiples prórrogas y obstáculos legales y administrativos.

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De hecho, la última prórroga se solicitó en junio pasado y se concretó a inicios de este mes de octubre con el Decreto Ejecutivo No. 22, que amplió el plazo de la liquidación hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Cuál es el impacto económico de esta liquidación?

La liquidación de TAME, que fue fundada en 1962 por la Fuerza Aérea Ecuatoriana y durante muchos años fue la única opción aérea estatal del país, ha tenido un impacto económico negativo para el Estado.

Según los informes Rendición de Cuentas de la aerolínea en liquidación de 2023 y 2024, al cierre del año pasado, TAME tiene pasivos que superan los activos de forma significativa. Por ejemplo, al cierre de 2024 tenía pasivos de unos $305 millones frente a activos de sólo $8,65 millones.

En 2020 cuando fue declarada en liquidación, la aerolínea acumulaba pérdidas superiores a los $ 400 millones.

Cuando una empresa pública con deudas tan altas se liquida, si los activos no alcanzan a cubrir los pasivos, el Estado puede terminar cargando con la factura. Eso implica que recursos públicos podrían destinarse a sanear la liquidación, en lugar de invertirse en otros servicios.

Exámenes de la Contraloría

Los exámenes de la Contraloría General del Estado han determinado responsabilidades administrativas y civiles en distintos niveles de gestión, desde el directorio hasta las gerencias operativas. Los procesos judiciales sobre las glosas de quienes dirigieron la aerolínea permanecen abiertos en la Corte Nacional.

Actualmente, cuatro figuras vinculadas al correísmo, Pabel Muñoz, Luisa González, María de los Ángeles Duarte y Freddy Ehlers, han sido señaladas por la Contraloría por supuestas irregularidades en la administración de la empresa pública.

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