Superintendencia pone en práctica Código de Ética para el uso de IA
La Superintendencia de Competencia es la primera entidad pública latinoamericana en institucionalizar auditoría
La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) presentó la Guía para la Auditoría del Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial, consolidándose así como pionera en Latinoamérica en implementar mecanismos de control ético y técnico sobre el uso institucional de esta tecnología.
Así lo da a conocer la entidad de control, a través de un comunicado, donde señala que la iniciativa posiciona a Ecuador "a la vanguardia regional en gobernanza digital y representa un modelo de transparencia y rendición de cuentas en la era de la transformación digital del Estado".
Un marco ético reconocido internacionalmente
La SCE ya había logrado reconocimiento al convertirse en la primera entidad del sector público ecuatoriano en contar con un Código de Ética de Inteligencia Artificial avalado por la UNESCO. Ahora, con esta guía de auditoría, institucionaliza los mecanismos para garantizar que dicho código se cumpla en la práctica.
"Este instrumento nos permite aprovechar el potencial de la inteligencia artificial de forma ética, segura y eficaz, sin comprometer los derechos de la ciudadanía ni la seguridad institucional", explicaron fuentes de la SCE.
La aplicación de la guía estará supervisada por el Comité de Ética de la IA de la SCE, un órgano especializado encargado de velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos.
Tres pilares normativos
La Guía se sustenta en un robusto marco legal que integra tres ejes fundamentales:
- Protección de datos personales: Cumplimiento estricto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y su Reglamento, garantizando principios como el consentimiento informado, la finalidad específica del tratamiento de datos, y los derechos de los titulares sobre su información personal.
- Seguridad de la información: Aplicación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI), de cumplimiento obligatorio para entidades públicas, que asegura la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y auditabilidad de los datos institucionales.
- Transformación digital responsable: Alineación con la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, que impulsa la modernización del Estado con énfasis en la innovación tecnológica, la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública.
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