¿Delincuencia organizada en el proyecto Esmeraldas III? CELEC toma acciones legales
La empresa pública menciona que espera el arbitraje de fondo que se sustancia ante la Cámara de Comercio de Quito
La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) informó la noche del pasado 8 de diciembre que inició acciones legales contra la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM), por delincuencia organizada y espera pronunciamiento del arbitraje de fondo que se sustancia ante la Cámara de Comercio de Quito, respecto al proyecto termoeléctrico Esmeraldas III.
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“Esta Corporación presentó una denuncia penal por delincuencia organizada a fin de sancionar a los responsables y asegurar el buen uso de los recursos públicos, conforme lo establece el contrato”, menciona la entidad pública en un comunicado.
El proyecto termoeléctrico Esmeraldas III, por 91 megavatios (MW), forma parte de la infraestructura estratégica del país en materia de generación eléctrica.
¿Por qué surge la denuncia?
CELEC contrató a ATM en agosto de 2024 para la construcción de esta planta en la provincia de Esmeraldas, por más de $89 millones, pero a finales de ese año surgieron denuncias sobre irregularidades y retrasos. En diciembre la obra debía estar lista, pero no fue así.
Desde entonces, CELEC ha denunciado posibles vínculos con delincuencia organizada en los procesos relacionados con la obra. Según los reportes oficiales, se habrían detectado irregularidades en contratos y gestiones administrativas que comprometen la transparencia del proyecto energético.
Desde octubre de 2025, la obra está paralizada. Antes de la paralización, la planta solo logró entregar temporalmente unos 12 MW en pruebas, pese a que debía generar 91 MW. No obstante, el Gobierno ya había desembolsado alrededor de $71 millones, equivalentes al 80 % del contrato, sin que la obra se complete.
Esta denuncia de CELEC llega después de que la empresa ATM informara que ha sido impedida de continuar con las pruebas de generación y conexión al Sistema Nacional Interconectado debido a que, desde el mes de julio, el administrador del contrato y el equipo de fiscalizadores abandonaron el proyecto.
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