La negativa de los asambleístas del PSC y la Revolución Ciudadana, de aceptar el pedido gubernamental de elevar el IVA del 12 al 15 %, pone un escollo a la aprobación de un informe, que permita un primer debate de la ley, que busca financiar el conflicto armado interno y la crisis social y económica que vive el país. Sobre la mesa de la Comisión de Desarrollo Económico surgen propuestas que están lejos del planteamiento oficial y a las que los expertos desde ya las encasillan como inconstitucionales.

El corto plazo que resta -el primer informe debe ser aprobado hasta mañana- ha llevado a algunos asambleístas a alertar la posibilidad de que el proyecto quede sin debatirse y que entre a regir por el ministerio de la ley. Para el asambleísta de Construye, Juan Carlos Camacho, el tema preocupa, “porque desde el 11 de enero que se presentó el proyecto emergente económico para subir el IVA, no hay informe de la comisión... y un tema tan importante como este no puede regir sin haberse debatido y en el que tantas alternativas se han presentado de todos los sectores”.

PODRÍA INTERESARLE (Alza mixta de IVA y contribuciones de empresas y banco, en análisis) 

Desde la comisión, comandada por la asambleísta oficialista Valentina Centeno, se niega esa intención y se critica la falta de acuerdos, para hallar una solución a este problema. “Ya hemos dicho que el IVA puede ser parte de una medida temporal, que fue parte de los pedidos de otras bancadas políticas, también se ha conversado acerca de la focalización de subsidios, acerca de impuestos a la banca, impuestos a las utilidades extraordinarias de las empresas”.    Pero no hay consensos.

Centeno se refiere a un borrador del informe, que plantea cuatro cambios importantes: la posibilidad de establecer permanentemente un impuesto al valor agregado (IVA) del 13 % y un alza temporal al 15 % hasta el 2026; crear una contribución única del 5 % a las utilidades extraordinarias de las compañías más grandes, gravar con hasta un 25 % las utilidades de la banca y la opción de restituir un incremento del impuesto a la salida de divisas (ISD) a no más del 5 %. No obstante, aunque allí se incluyan algunas propuestas de la oposición, esto no logra convencer al PSC y Revolución Ciudadana; ambos partidos ya han anunciado la presentación de informes de minorías, porque no están de acuerdo con que se toque el IVA.

Pero todo lo que se propone en la mesa legislativa suma reparos, desde lo económico y lo legal. Alberto Acosta, analista económico, sostiene que el borrador presentado podría acarrear efectos incluso más destructivos que la versión original planteada por el Gobierno. “Gravar impuestos significa menos inversión, menos crecimiento y menos generación de empleo”, sostiene Acosta, quien además pide que los objetivos de esta ley se sinceren. El crear estas contribuciones, acota, no hará que la crisis fiscal se resuelva, eso se consigue con políticas más contundentes destinadas a sanear el gasto público, incluyendo una focalización de subsidios.

El abogado constitucionalista Stalyn Raza, en cambio, hace énfasis de la ilegalidad que se estaría cometiendo. “A la Asamblea no le corresponde proponer iniciativas tributarias”, dice. De aprobarse cualquier propuesta, esta solo debe venir del Poder Ejecutivo. Por otra parte, añade, existiría otro problema de fondo, porque “se estaría pretendiendo aplicar con carácter retroactivo a las utilidades de la banca y las empresas de los años 2022 y 2023, y la Constitución dice que los impuestos (para él estas contribuciones son un impuesto) no son retroactivos, rigen para el futuro”.

• Banca: “No existe base conceptual”

Representantes de la banca privada están a la espera de que la Comisión de Desarrollo Económico les permita volver a la mesa del debate, esto luego de que la propuesta de gravar un impuesto sobre sus utilidades tomara fuerza en la Asamblea.

Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), señala que la solicitud la presentaron la semana pasada, pero aún no ha habido una respuesta.

Para Rodríguez, lo que se plantea no tiene base conceptual, él busca conocer las razones técnicas sobre las cuales se quiere imponer una contribución de hasta un 25 % sobre los beneficios, aun cuando la banca “no es el sector que mayores utilidades y rentabilidad tiene en el mercado nacional”, y pese a que es la que mayor aporte tributario hace al fisco.

Gravar ese porcentaje, dice, implica que el sector tendría que hacer una contribución adicional de $ 178 millones, que en la práctica significará desacelerar el crédito en $1.800 millones aproximadamente.

• Cucalón: "Yo saludo que haya un debate acerca de un problema estructural”

¿Qué pasa cuando en una misma comisión existen varios informes de minorías sobre una misma ley? Para el exministro de Gobierno, Henry Cucalón, esto es absolutamente normal y se trata de una estrategia política que permite “expresar movidamente por qué no se está de acuerdo” con lo que otros plantean.

La táctica está en que si un informe de la comisión legislativa logra llegar al pleno, sea debatida de fondo y que eso tenga opción a votos. “Es lo más sano del mundo... Yo saludo que haya un debate acerca de un problema estructural que tiene el presupuesto del Estado en el rubro de los ingresos, que tienen que ser permanentes”, dice. No coincide con la crítica de constitucionalistas de creer que los legisladores cometen una ilegalidad al proponer gravar tributos, porque eso es parte del debate. “Si el presidente presenta un proyecto tributario, se abre el debate. Es normal que se presenten contrapropuestas. De eso hay algunos antecedentes”.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ