Deuda versus coronavirus. La crisis sanitaria causada por el covid-19 llegó al país en un mes de billetera apretada para el Gobierno.

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en marzo de 2020, el servicio de la deuda, es decir, lo que se tiene que pagar por concepto de capital e intereses, asciende a $ 1.230 millones, una cifra abultada en medio de una situación apremiante que obliga al Gobierno a gastar más para potenciar el sistema de salud pública.

De acuerdo a los datos del MEF, la deuda por bonos o deuda bilateral (que se pidió a otros gobiernos como China) son los más abultados. A ello también se debe sumar la deuda interna (ver gráfico).

Según el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, en marzo de este año todavía no se registran pagos de esa deuda, de acuerdo a la información pública del MEF.

Tras el desplome del precio del petróleo, antes que se declare la emergencia sanitaria en el país, el Gobierno buscó enviar un mensaje a los mercados internacionales: Ecuador cumplirá con el pago de la deuda que debe afrontar en marzo.

Hasta ayer, según analistas de fondos de inversión consultados por EXPRESO, en el exterior se mantenían con ese mensaje:que Ecuador cumplirá con el pago de su deuda.

No obstante, el riesgo país no para de subir. El indicador ha rondado estos días los 3.700 puntos básicos, mientras el precio del petróleo no ha parado de desplomarse.

El costo del barril de crudo WTI (West Texas Intermediate), referencial para el petróleo ecuatoriano, ha oscilado entre los $ 20 y 25. Si se le resta “el castigo”o diferencial ($ 7 u 8), el valor estaría por debajo de los costos de producción en Ecuador:$19. Es decir, se produce a pérdida.

Ante situaciones extremas, medidas extremas. Grupos de economistas han realizado planteamientos al Gobierno para poder navegar en medio de “la tormenta perfecta”.

Por ejemplo, el Foro de Economía y Finanzas Públicas, conformado por exministros de finanzas y analistas económicos, y el Grupo Cívico Bicentenarios proponen al Gobierno Nacional 12 medidas.

Las acciones están encabezadas del pedido de suspender selectiva y temporalmente el servicio de la deuda pública, mientras esta es reestructurada. Se debe empezar por detener el pago de más de $ 1.200 millones de deuda externa, previsto para este mes, apuntan.

La propuesta, realizada por exfuncionarios como Marcos Flores, Carlos Julio Emanuel, Francisco Swett, Francisco Huerta, entre otros, defiende firmemente que las deudas públicas y privadas de Ecuador deben honrarse.

Pero ante la actual situación de apremio nacional, señala el documento, que se atraviesa, de cuidado de la salud de la población y la estabilidad de la economía, considera que “se vuelve éticamente imperativo y económicamente imprescindible, utilizar en esta hora la única variable de ajuste efectivo que tiene el país”.

Mientras que el lunes pasado, 11 economistas: Vicente Albornoz, Jaime Carrera, Simón Cueva, Alberto Dahik, Augusto de la Torre, José Hidalgo, Patricio León, Abelardo Pachano, Mauricio Pozo, César Robalino y Walter Spurrier, presentaron seis propuestas ante la emergencia económica nacional.

El grupo de economistas recomienda bajar el gasto público, a través de la reducción de sueldos. “Sugerimos, en particular, un recorte del gasto en nómina de $ 2.000 millones, el cual, dadas las circunstancias, en lugar de basarse en despidos masivos, debería hacerse vía una reducción inmediata del 20% en los sueldos y salarios de los empleados públicos, de manera semejante a lo que hicieron Grecia, Portugal, España e Irlanda, países que, como Ecuador, no poseen moneda propia”, dice el documento. Otra propuesta es crear un fondo de compensación a través del cobro de un recargo a las importaciones. El dinero iría a un fideicomiso y serviría para compensar a las exportaciones no minerales.

Otras propuestas

• Dinero: El Foro de Economía y Finanzas Públicas propone usar el dinero liberado del no pago de la deuda para proveer recursos económicos oportunos, necesarios y suficientes que permitan enfrentar la emergencia nacional. 
• No impuestos: Desechar cualquier forma de incremento de impuestos, tasas, aranceles, contribuciones especiales o temporales que puedan afectar más a las empresas. 
• Energía: Reducir las tarifas de energía eléctrica que afectan fuertemente los costos de producción.