Corte Constitucional aprueba acuerdo de cooperación económica entre Ecuador y Corea

Richard Ortiz Ortiz, juez de la Corte Constitucional del Ecuador, dictamin칩 el 19 de marzo de 2026 la validez del pacto econ칩mico con Corea del Sur. Esta resoluci칩n judicial permite avanzar en la ratificaci칩n del tratado que busca eliminar barreras comerciales y elevar los niveles de vida de los ciudadanos. El organismo m치ximo de control verific칩 que el proceso de negociaci칩n cumpli칩 con todas las normas procedimentales exigidas por la Constituci칩n y las leyes vigentes. La decisi칩n final del Pleno fue un치nime con nueve votos a favor de los magistrados constitucionales presentes en la sesi칩n ordinaria de la ciudad de Quito.

El tratado prev칠 que el 98.8% de las exportaciones nacionales tengan acceso preferencial, mejorando la competitividad frente a otros mercados globales que son fuertes competidores. Se establece legalmente una zona de libre comercio para bienes y servicios, promoviendo el desarrollo econ칩mico sostenido y la creaci칩n de nuevas oportunidades de empleo estable. Las partes gubernamentales acordaron adoptar las medidas necesarias para garantizar la observancia del pacto por parte de todos los gobiernos y las autoridades regionales locales. El dictamen asegura que el pre치mbulo analizado es compatible con la inserci칩n estrat칠gica del pa칤s en el dif칤cil contexto de la actual econom칤a mundial. Las mercanc칤as recibir치n trato nacional, eliminando progresivamente los aranceles aduaneros para facilitar el intercambio fluido entre ambas naciones aliadas en este nuevo marco legal internacional.

Existen excepciones espec칤ficas para los veh칤culos usados, ropa y calzado de segunda mano, manteniendo regulaciones previas del organismo rector del Comercio Exterior y Pesca. El documento aclara que Ecuador podr치 mantener su Sistema Andino de Franjas de Precios para los productos agr칤colas sensibles que requieran una debida protecci칩n estatal. Adem치s, el Comit칠 de Comercio de Mercanc칤as supervisar치 la implementaci칩n de estos compromisos para evitar obst치culos t칠cnicos innecesarios que perjudiquen el din치mico proceso comercial.

Beneficios comerciales y reglas de origen con Corea

Las reglas de origen determinan cu치ndo un producto es considerado nacional para beneficiarse de las preferencias arancelarias negociadas en este extenso instrumento de car치cter legal. Se incluyen f칩rmulas para calcular el valor de contenido regional y procedimientos claros para la emisi칩n del certificado de origen por parte de las autoridades competentes. El exportador y el productor deben conservar registros durante cinco a침os para demostrar que la mercanc칤a cumple con los requisitos de territorialidad exigidos. Estas disposiciones garantizan seguridad jur칤dica al establecer normas previas que deben ser acatadas por todos los actores privados e institucionales involucrados en el comercio.

En materia aduanera, se busca simplificar los tr치mites y automatizar procesos para acelerar el despacho de bienes en los distintos puertos de entrada de ambas rep칰blicas. Las autoridades sanitarias y fitosanitarias trabajar치n juntas para proteger la salud humana y vegetal sin aplicar restricciones injustificadas que afecten el flujo de las mercanc칤as. El acuerdo resalta que las medidas de seguridad no deben obstaculizar el comercio, promoviendo la transparencia y la notificaci칩n oportuna de cualquier riesgo sanitario. Se reconoce la equivalencia de medidas sanitarias siempre que logren el nivel de protecci칩n adecuado para los consumidores finales de cada territorio soberano parte.

El pacto tambi칠n contempla herramientas de defensa comercial como medidas de salvaguardia bilateral y derechos antidumping para resguardar a la industria nacional frente a las pr치cticas desleales. Estas cl치usulas permiten aumentar temporalmente los aranceles si una importaci칩n masiva causa da침o grave o amenaza a la rama de producci칩n ecuatoriana en sectores espec칤ficos. La Constituci칩n exige proteger sectores como la salud, bienes culturales y agroalimentarios, por lo que el Estado mantendr치 su potestad regulatoria en situaciones de crisis. Los procesos de investigaci칩n para estas defensas seguir치n las normas de la OMC, garantizando el derecho a la defensa y la realizaci칩n de audiencias p칰blicas.