Fundhec denuncia falta de respuesta del MSP tras tres insistencias por fallo judicial
Organización alerta riesgo para pacientes y acusa decisiones que podrían afectar tratamientos
La Fundación Hemofílica Ecuatoriana (Fundhec) denunció el incumplimiento de una sentencia judicial en Ecuador y alertó sobre la compra de medicamentos que pondrían en riesgo a pacientes con hemofilia. Según el pronunciamiento, el Ministerio de Salud Pública no ha acatado un fallo de la Corte Provincial del Guayas que ordena garantizar tratamientos eficaces. La organización advierte que esta situación afecta directamente a cientos de personas, incluidos niños. El hecho ocurre en medio de tensiones por la provisión de fármacos en el sistema público.
Fundhec aseguró que el Estado “incumple la sentencia de la Corte Provincial del Guayas, que ratifica y exige mantener los tratamientos eficaces para los pacientes con hemofilia”. Pese a ello, la organización indicó que ha presentado tres insistencias de cumplimiento sin obtener respuesta oficial. Este silencio, según el colectivo, agrava la incertidumbre de los pacientes que dependen de medicación continua. La denuncia se centra en el impacto inmediato sobre la salud y la vida de los afectados.
En paralelo, la fundación advirtió que se ha concretado una “compra ilegal de nuevos medicamentos” que no garantizarían eficacia. Según el boletín, esta adquisición podría generar perjuicios tanto a los pacientes como al propio Estado. La organización sostiene que estas decisiones ignoran la condición vulnerable de quienes requieren tratamientos seguros. Además, alerta que el futuro de niños con esta enfermedad podría verse comprometido.
Incumplimiento judicial y riesgo para pacientes con hemofilia
El eje central de la denuncia es el supuesto desacato a una sentencia firme que protegía el derecho a la salud de los pacientes. Fundhec subraya que el fallo exigía mantener la continuidad de tratamientos eficaces y evitar cambios que pudieran afectar la respuesta clínica. Sin embargo, la organización sostiene que estas disposiciones no se están respetando. Esto, según su postura, expone a los pacientes a riesgos innecesarios.
La fundación también alertó sobre un posible “riesgo vital” derivado del uso de medicamentos que no cumplen con estándares adecuados. En su comunicado, advierte que estas decisiones podrían provocar “complicaciones graves y discapacidad irreversible”. Este escenario preocupa especialmente en una enfermedad donde la continuidad terapéutica es clave. La denuncia pone énfasis en las consecuencias médicas de los cambios en la medicación.
Otro punto crítico es el “silencio oficial” frente a los pedidos formales de cumplimiento. Fundhec afirma que las autoridades no han respondido a tres solicitudes presentadas para exigir la ejecución del fallo. Esta falta de respuesta, según la organización, evidencia una ausencia de acción institucional. La situación, añaden, incrementa la sensación de abandono entre los pacientes.
Exigencias y llamado urgente a autoridades
Ante este escenario, la fundación exigió una intervención inmediata de instancias superiores. En su pronunciamiento, solicita a la Corte Constitucional una resolución urgente que garantice el cumplimiento del fallo. La organización plantea que se debe proteger la vida de los pacientes por encima de cualquier criterio administrativo. También insiste en la necesidad de transparencia en las decisiones sanitarias.
El comunicado incluye un mensaje directo: “¡No jueguen con nuestros derechos y nuestra salud!”. Con esta frase, Fundhec busca visibilizar la gravedad de la situación. La organización recalca que la salud de los pacientes no puede ser puesta en riesgo por decisiones negligentes. Además, advierte sobre las posibles consecuencias a largo plazo.
Finalmente, la denuncia pone presión sobre las autoridades sanitarias para responder públicamente. El caso evidencia un conflicto entre decisiones administrativas y mandatos judiciales. Mientras tanto, los pacientes continúan a la espera de soluciones concretas. La evolución de este caso podría marcar un precedente en la gestión de tratamientos en Ecuador.
