Caso Chevron: ¿quién pagará los $220 millones y qué implica el juicio de repetición?
Un tribunal de La Haya estableció que Ecuador debía indemnizar a la petrolera por la violación del TBI
Recientemente, un tribunal arbitral de La Haya estableció que el Estado ecuatoriano a través de la Procuraduría General del Estado (PGE), está obligado a pagar a la empresa petrolera Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, un poco más de $220 millones.
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Esta decisión se da tras un arbitraje iniciado por la empresa en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Chevron acusó al Estado ecuatoriano de haber permitido y validado una sentencia “fraudulenta” en su contra, lo que violaba el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.
¿De dónde saldrá el dinero que deberá pagar Ecuador?
El Gobierno de turno ha anunciado que el pago está dentro del presupuesto del Estado, lo que significa que en principio será ejecutado por el Ministerio de Finanzas con fondos públicos si no hay otra medida legal. Es decir, con dinero que el Estado recauda de los impuestos que paga la ciudadanía a través de tributos como el IVA.
No obstante, el Estado apunta a un juicio de repetición que es un mecanismo legal por el cual el Estado, después de pagar la indemnización, puede exigir que servidores públicos o funcionarios responsables por mala gestión o perjuicio fiscal respondan con su propio patrimonio.
Lo que pretende el actual Gobierno es que los funcionarios responsables de las decisiones que generaron el perjuicio económico al Estado respondan con su patrimonio personal.
En este caso, se apunta a las autoridades y jueces que impulsaron procesos contra Chevron durante el gobierno de Rafael Correa, señalados por haber actuado con negligencia o dolo. Actualmente, la Asamblea Nacional debate la Ley Orgánica de Repetición, que permitiría, de esa manera, al Estado recuperar los valores pagados en indemnizaciones internacionales.
Historia del caso Chevron
El caso se remonta a 1993, cuando comunidades indígenas y campesinas denunciaron a Texaco (adquirida por Chevron en 2001) por los vertidos contaminantes producidos en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.
En 2011, una corte de Lago Agrio fijó en 9.500 millones de dólares la indemnización a favor de los afectados, pero Chevron llevó el caso al arbitraje internacional al alegar que aquella sentencia se obtuvo mediante “fraude, sobornos y corrupción”.
En 2018, el tribunal arbitral falló a favor de la compañía y atribuyó al Estado ecuatoriano el pago de una indemnización multimillonaria, al considerar que había incurrido en denegación de justicia y violado el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
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