La semana pasada, el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres como ruta de prevención ante el fenómeno de El Niño, en el que, entre otras medidas, establece la entrega de títulos de propiedad de concesiones de tierra de los manglares al sector camaronero del país.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría para el sector cangrejero al que le preocupa sobremanera la entrega directa de tierras a los camarones, mientras ellos siguen esperando, en muchos casos, desde hace un año, la renovación de las concesiones de hectáreas donde realizan la actividad de recolección del cangrejo.

Tanto así que para el próximo 19 de septiembre y con el respaldo de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec), los cangrejeros preparan una movilización en Quito para pedirle a la Corte Constitucional que archive el Decreto Ley.

“Desde hace muchos años tenemos problemas con el sector camaronero, porque ellos son los que nos talan los manglares, nos tapan los riachuelos con alambres de púas, nos lanzan los perros y hasta se han atrevido a dispararles a algunos compañeros porque supuestamente los confunden con ladrones”, menciona a EXPRESO Julián Marcial, presidente de la Asociación de Cangrejeros y Pescadores Isla Escalante, situada cerca de la isla Puná.

En 2013, el Gobierno, a través del Ministerio del Ambiente, le entregó a Isla Escalante, como a otras asociaciones de cangrejeros y pescadores, el acuerdo de uso y custodia del manglar que duraba 10 años. En marzo pasado, esta como otras asociaciones que deben renovar, ingresaron toda la documentación solicitada, pero aún no obtienen respuesta.

De acuerdo a lo mencionado por Marcial, quien representa a 150 cangrejeros de su asociación, quienes luchan por la renovación de 4.087,45 hectáreas de manglar, la urgencia de las renovaciones de las concesiones se da porque pronto, a finales de este mes, se acabará la veda del cangrejo y hay que trabajar, pero sin permiso para hacerlo, seguirán haciéndolo bajo la sombra de la ilegalidad y corriendo riesgo. 

“No nos dan las renovaciones, pero el Gobierno sí les quiere entregar a las camaroneras títulos de propiedad que tienen mejores condiciones económicas que nosotros”, protesta.

La falta de concesiones de manglares afecta a 23 comunidades y a más de 3.000 cangrejeros y sus familias que viven en las islas del Golfo de Guayaquil y se mantienen de la recolección de los crustáceos. Además, según Fenacopec, hay una afectación indirecta a 15.000 personas.

“Nosotros somos 227 cangrejeros de la asociación 21 de Mayo, de Puerto Roma, pero aquí en la comunidad hay más de 300 cangrejeros y todos estamos afectados por esta falta de renovaciones”, menciona también Ricardo Carpio Baquerizo, presidente de otra asociación que lleva un año insistiendo por la renovación de las concesiones de 1.375 hectáreas de manglar, en la isla Mondragón.

La renovación de las concesiones les permite también a los cangrejeros trabajar en igualdad de condiciones que los camaroneros e implica darles la condición de cuidadores del manglar y un presupuesto que usan para reparación de embarcaciones, control y vigilancia, mingas, recolección de plástico, combustible, pagos a guardaparques y una parte para sustento en tiempos de veda del cangrejo.

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EXPRESO le preguntó al Ministerio de Ambiente el porqué aún no ha renovado las concesiones o no ha socializado con los cangrejeros los motivos de su silencio, pero no hubo respuesta.

Para el biólogo Bruno Yánez, asesor de la Unión de Cangrejeros y Pescadores del Golfo de Guayaquil, experto en manglar y ecosistemas, la renovación de las concesiones tiene una vía de doble beneficio, tanto para los cangrejeros como para el Gobierno. “Se ha comprobado que con estas concesiones hay mayor control de contaminación de las aguas, de la tala y ayuda al impedimento de afectaciones al ecosistema. Estos son muy importantes para los cangrejeros, pero también para el Estado que a veces no tiene capacidad de control en estas áreas”, indica.

Yánez explica que, si el Gobierno les da a las camaroneras títulos de propiedad, estas tienen exclusividad sobre ciertas áreas y los cangrejeros, que en tiempos de veda recolectan peces y el camarón pomada, no podrían hacerlo por esos lugares.

Señala que el Gobierno incurre en una nueva discriminación, ya que, por su condición de recolector, no son, por ejemplo, sujetos de crédito. “El Estado tiene que regular para ambos sectores”.

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