El Gobierno ultima detalles para viabilizar la ampliación de los contratos que Ecuador mantiene con las empresas telefónicas, pero la medida en realidad es solo una solución ‘parche’ en un proceso de negociación que en los próximos meses podría tornarse complejo debido al precio que el Estado deberá fijar por el uso del espectro, en un mercado de telefonía cambiante que hoy podría significarle menores ingresos.

La suspensión del proceso de renovación que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) resolvió el pasado 25 de mayo, según conoció EXPRESO, se dio en medio del análisis de la valoración que debería tener el uso del espectro (el cauce por el que viajan las comunicaciones inalámbricas), tomando como partida un estudio solicitado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que recomendaría una baja abrupta del costo de este recurso que Ecuador concesiona cada cierto tiempo, tanto a Conecel (Claro) como Otecel (Movistar).

Los contratos, que están por fenecer el próximo 26 de agosto y 30 de noviembre respectivamente, se firmaron hace 15 años (por $ 469 millones por el uso de 95 megahercios MHz y $ 240 millones por 85 MHz, respectivamente) en un contexto distinto, en el que las plataformas digitales, que hoy también sirven de vía de comunicación, no representaban una fuerte competencia para las operadoras. Tomando en cuenta eso, dicen los expertos, y la valoración del espectro con que ambas firmas han cerrado recientemente contrato en otros países, su valor podría llegar a sellarse en apenas una tercera parte.

Eso no es tan descabellado. “Es posible”, admite a este Diario Patricia Falconí, directora de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Ecuador (Asetel), si se toma en cuenta lo que pasa en el mercado global de telecomunicaciones. “Existe una disminución de ingresos como tal de los servicios. Las tarifas que los usuarios vienen pagando por el uso de voz, y sobre todo de datos, han caído significativamente. Lo dicen estudios internacionales. Solo la tarifa de datos llegó a disminuir un 95 % en los últimos cinco años”.

Así también lo asienten expertos en telecomunicaciones como Boris Ramos, investigador de la Facultad de Ingeniería de Electricidad y Computación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). Las grandes empresas tecnológicas de información, como Google, Meta Platforms (Facebook), Netflix, Amazon y Microsoft, han venido incrementando sus servicios a través de internet, lo que no implica un beneficio económico directo para las operadoras móviles. Sin embargo, aclara, sí han ayudado a elevar el tráfico de datos que cursa por las redes de estos operadores, sosteniendo así sus ingresos.

Una efectiva valoración del espectro, añade, debería tomar en cuenta los costos de la red móvil, pero también los márgenes de utilidad de las telefónicas, unas ganancias que en el 2022, según datos publicados por la Superintendencia de Compañías, fue de $ 141 millones para Claro y $ 20 millones para Movistar. Esta última, revirtiendo una racha de pérdidas en los últimos años.

El Ministerio de Telecomunicaciones, ente que tiene la vocería del tema, ha ofrecido dar hoy una entrevista a este medio para dar a conocer los avances que llegó a tener esta negociación, que arrancó el 13 de diciembre del 2022. En todo este tiempo se llegaron a resolver cláusulas legales relacionadas al objeto del contrato, qué servicios se prestarán y cómo se prestarán    (notificación de tarifas, normas de protección de datos, índices de calidad). No obstante, el precio sigue siendo el gran pendiente.

Adrián Arroyo, consultor en temas de telecomunicaciones, no cree que el cierre de convenios tenga que darse con la tercera parte de los ingresos que hoy percibe el Estado, pero añade que de ceder a la baja de valores, estos deben fijarse bajo el compromiso de las operadoras de aplicar mejoras al servicio que entregan.

En eso también coincide Ramos. “Si el Gobierno decide mermar los costos del espectro, eso debe darse con el propósito de promover el desarrollo económico y la innovación. Esta política debería venir acompañada de una regulación intersectorial que promueva la transformación digital del país, incluyendo una nueva regulación de tarifas que promueva el servicio universal y el acceso a los nuevos servicios móviles. Porque de nada serviría una red de mejor calidad que no pueda ser aprovechada por la mayoría de la población”, plantea.

La representante del mercado de telefonía rebate esto último. “¿Tenemos una mala calidad del servicio pero frente a qué? Si se hace un comparativo de los indicadores de calidad que hoy en día Ecuador tiene frente al servicio móvil avanzado, son indicadores fuertes. Eso no quiere decir que gocemos al 100 %, porque hay cuestiones técnicas, ambientales, de geografía e incluso de permisos que hacen que exista la interrupción del servicio”. Acepta que existen mejoras que podrían darse, pero para eso, dice, algunas condiciones del sector tendrían que empezar a cambiar.

Falconí afirma que si existe un servicio deficitario, gran parte de eso debe atribuirse a la baja cantidad del espectro que el Estado ecuatoriano ha concesionado en los últimos años. Este llega apenas a los 280 MHz, muy por debajo de los 508 MHz que en promedio tienen los otros países de la región.

Esa baja asignación, argumenta, es lo que impide también a las empresas tener incluso mayores ingresos. “Hablar que hoy en día existe una rentabilidad mayor porque hay mayor consumo de datos, eso debe debatirse, porque el consumo de datos requiere mayor asignación de espectro”, una asignación que, precisa, el Gobierno no ha dado a las operadoras desde hace ocho años.

Falconí aspira a que las negociaciones lleguen a buen término. Que el costo del espectro esté acorde a lo que sucede en el mercado. Hoy en día precios más altos no son un beneficio para el Estado. Todo lo contrario, genera resultados negativos para el consumidor (por tarifas altas), lleva a tener niveles de cobertura más bajos y una menor velocidad de datos.