Finalmente, luego de tres intentos, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización, que busca dar independencia al Banco Central del Ecuador (BCE). Su aprobación es uno de los objetivos planteados en el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar 400 millones de dólares.

El CAL aseguró que sobre la base del informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa en el que se señala que sí cumple con los requisitos, califica el proyecto con seis votos y una abstención.

Según información de la Asamblea, el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización fue enviado a la Comisión de Régimen Económico, para su tratamiento y discusión.

¿En qué se diferencian de los proyectos de ley que fueron rechazados? El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, señaló que se realizaron cambios legales para que la propuesta no sea señalada como inconstitucional, como en las dos ocasiones anteriores.

“El Banco Central es una institución del Ejecutivo, pero tiene autonomía técnica de decisión. Ahí se la ha dado una suerte de salida a una preocupación que estaba vigente”, aseguró ayer Pozo.

El proyecto propone la creación de dos juntas de Política y Regulación: una Monetaria y la otra Financiera. Cada una de ellas tendrá su propia estructura e independencia, sus integrantes serán propuestos por el Ejecutivo.

Las dos juntas tendrán la facultad de tomar acciones, de manera técnica, sobre las presiones de la política fiscal. Anteriormente, la propuesta planteaba la creación de un directorio para el BCE y una Junta de Política de Regulación Financiera.

Otro cambio que incorpora el cuerpo legal es que la Asamblea tendría la facultad de remover a los integrantes de las juntas. Además, el Legislativo podrá verificar la idoneidad y el correcto ejercicio de las funciones de los integrantes de las dos juntas. En el proyecto original, los miembros podían ser removidos por el presidente, únicamente.

“Se está promoviendo un cambio a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que esta pueda nominar, nombrar y remover, inclusive, a los miembros de los directorios de estas instituciones”, dijo Pozo.

Uno de los aspectos esenciales que se mantiene es el regreso de los cuatro balances (o sistemas) del BCE, en los que se registrarán los depósitos, por ejemplo, de las entidades bancarias públicas y privadas y de todas las instituciones que forman parte del Sector Público no Financiero, como empresas públicas y gobiernos seccionales. El proyecto de ley tiene el objetivo de que las reservas internacionales puedan respaldar los pasivos del BCE, especialmente los depósitos que realiza el sistema financiero.

Pese a que la Asamblea apruebe la propuesta legal, el desembolso de los 400 millones de dólares del FMI, previstos para abril, se definiría con el próximo gobierno, aseguró el ministro Pozo.

“Como ya tenemos un presidente electo en el mes de abril, no me extrañaría que el Fondo, lo cual es entendible, quiera conocer si el próximo gobierno quiera continuar o no el programa con ellos. En función de ello tomarán las decisiones para el desembolso, asumiendo que se cumpla el tema de la Ley (para la Defensa de la Dolarización)”, dijo el ministro.

Otras propuestas

• Cuentas: Según la nueva propuesta legal enviada por el Ejecutivo, tanto el Banco Central del Ecuador como las dos juntas deberán someterse al escrutinio de terceros y entregar una rendición de cuentas de manera periódica.
• Financiamiento: Uno de los puntos claves y que más discusión han generado entre economistas y miembros del Gobierno y la oposición es el financiamiento. La propuesta del Ejecutivo prohíbe que el BCE proporcione financiamiento directo o indirecto al Gobierno.
• Dólar: El BCE será la única entidad autorizada para proveer y gestionar moneda metálica, equivalente y convertible a dólares, con respaldo de las reservas. Y en ningún caso, dice la propuesta de ley, el Estado podrá obligar a recibir una moneda distinta.