Han pasado 5 meses de aquel abrupto desalojo, pero Luis Cruz, de 70 años, aún lo cuenta entre lágrimas. Aquella mañana de marzo pasado un convoy de policías arribó a la hacienda Ayalán (ubicada en El Morro, Guayas) para sacarlo a la fuerza de su casa y tumbar los pocos cultivos que tenía. Fue el día en que se arrepintió haber dejado 21 años de vida en España, para retornar a su natal Ecuador, bajo la promesa oficial de recibir un terreno propio que pudiera cultivar.

Cruz, oriundo de Quito, forma parte de las 365 familias que aceptaron ser parte del Plan Retorno de Migrantes creado en el gobierno de Rafael Correa, con el fin de promover el regreso de ecuatorianos que pudieran aportar en la matriz productiva del país. A ellos se los reclutó en la embajada de Ecuador en España y se los trajo convencidos de que, a bajo costo, podrían adquirir las 3.787 hectáreas que tiene la hacienda Ayalán, luego de que esta, desde el 2012, fuera declarada de utilidad pública para este fin. Si bien, en el 2017, con Actas de Ingreso para la Labor Agrícola autorizadas por el entonces ministro de Agricultura, Xavier Ponce, pudieron comenzar a habitar el predio, hasta el día de hoy no han podido obtener títulos de propiedad y, desde este año, según denuncian, están librando una batalla con grandes empresas camaroneras que han empezado a rodear sus predios y a desalojarlos.

Este conflicto, que desde ya genera un efecto social, motivó a que Bernardo Manzano, actual ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, iniciara una investigación cuyos resultados han hecho que esta cartera de Estado presente, hasta la fecha, 12 denuncias penales ante la Fiscalía, en contra de exfuncionarios de la administración del exministro Pedro Álava, pues desde el 2021 se han venido aprobando 12 adjudicaciones de forma irregular sobre 1.576 has de Ayalán, 850 has de ellas a esas firmas camaroneras.

Andrés Durango, subsecretario de Tierras Rurales, explica a EXPRESO la gravedad del tema, pues esas concesiones se han dado, pese a que la hacienda Ayalán sigue siendo un bien de la empresa Valoriani, pues aunque en el 2017 se haya iniciado un proceso de mediación, la expropiación del bien por parte del Estado ecuatoriano no se ha concretado.

Según el artículo 71, de la Ley de Tierras Rurales, una tierra debe ser redistribuida siempre y cuando “esta haya pasado a formar parte de las tierras rurales estatales” y, según Durango, eso aún no ha sucedido. Es decir, se ha tramitado adjudicaciones sobre un terreno privado.

Este Diario consultó sobre el tema al exministro Álava, pero él prefirió no hablar porque estos casos, dijo, por competencia, fueron manejados por Jhon Hill, exdirector Distrital del Guayas del MAG... quien, señaló, “seguro actuó con verticalidad y justicia en sus adjudicaciones”. Hill fue contactado, pero no hubo respuesta.

Durango, sin embargo, pone en duda tal verticalidad. Cuestiona que, en un proyecto con fines sociales, se haya concentrado la oferta de 850 has a camaroneras que, según el funcionario, pertenecen a un solo grupo empresarial: Cofimar S.A., Cultrisa Sociedad Anónima, KrismareSeafood S.A., Toyo Cultivos Marinos S.A., y Vieri S.A.

Tras un recorrido por la hacienda que este Diario hizo el viernes pasado se pudo corroborar la presencia de piscinas de Cofimar. Aunque en el lugar se solicitó una entrevista, nadie atendió el pedido. Hasta el cierre de este reportaje, tampoco lo hizo Xavier Valverde, quien actúa como representante legal de estas camaroneras. La persona que maneja su agenda señaló que aún se busca un espacio para atender la entrevista.

Pero no es todo. Durango y Manzano citan otras anomalías. Cuestionan los bajos precios que llegaron a pagarse por estos terrenos: $ 130.000 por las 850 has (ver entrevista), una cantidad que difícilmente permitirá recuperar los $ 1,3 millones que el Estado deberá pagar a Valoriani, una vez concluida la expropiación. A ello también suman la rapidez con la que llegó a tramitarse cada adjudicación. Según información oficial, hay predios que fueron aprobados en menos de un mes, cuando en el MAG yacen procesos que tardan años.

Gabriela Herrera, quien dejó 20 años de vida en Murcia (España) para desde el 2017 ser parte de este proyecto, habla del temor de seguir siendo desplazados. Ella es representante legal de la Asociación Agropecuaria Nueva Esperanza (una de las 11 organizaciones que hoy acogen a las familias de migrantes) a la que en un inicio se le asignó 230 has; tras la ocupación de camaroneras, estas, dice, se redujeron a 120.

Ayalán, aclaran los emigrantes, no solo era un proyecto para emprender cultivos. Contemplaba también un programa de riego que no terminó de despegar y un plan habitacional sobre 400 has, las cuales, señala, hoy ya están cercadas. “Cuando un emigrante deja su país, joder, su esperanza siempre será volver. Y cuando te presentan un proyecto como este, uno no se lo piensa, vuelve”, dice Oswaldo Aguilar, un machaleño que retornó en julio de 2020, tras vivir 20 años entre España y Suecia, y que hoy siente decepción e impotencia.

Sin embargo, pese a las irregularidades y los años de espera por formalizar la tenencia de terrenos, ellos se niegan a renunciar. No lo harán, porque, aseguran, haber ya hecho inversiones sobre las áreas asignadas. La consigna es seguir peleando. Aunque no tienen escrituras, Herrera aclara que sí tienen actas de ingreso para labor agrícola, que según el mismo MAG son válidas hasta que se legalice la tenencia de tierras que años atrás les prometieron.

• INVERSIONES AGRÍCOLAS SIN RETORNO

La mayoría de migrantes llegó entre el 2017 y 2018 al lugar. Como señal de pertenencia, en las hectáreas que les fueron entregadas para trabajar (en promedio 10 por familia) levantaron casas de caña y empezaron a improvisar sus primeros cultivos.

“Tuve una escuela de cómo cultivar tomates en España”, dice Oswaldo Aguilar, uno de los últimos en llegar al lugar. Él arribó con su familia en julio de 2020, y aún entre maletas de viaje sin desempacar, pasa los días en Ayalán con su esposa y dos hijos pequeños.

Pero si esta hacienda tiene ahora mismo tantos problemas, ¿por qué no renuncia a este plan? Para él es sencillo responder: espera que el Estado le cumpla la promesa que le hizo de darle el terreno, a cambio de regresar al país, dejando atrás una vida resuelta y de comodidades. Pero a esto se suma lo más importante. Desde que llegó, dice, ha invertido más de $ 30.000 en crear su casa, delimitar terrenos y poner alambrado, preparar la tierra y empezar a cultivar.

Igual criterio comparten otros migrantes como Gil Suco, de 75 años, quien luego de pasar 14 años en Valladolid se acogió al plan para animarse a sembrar. “Trabajé en la cosecha de fruta, brócoli, col, sandía, naranja. En lugar de trabajar para otro decidí venir para trabajar para mi mismo”. En su caso, dice, ha invertido cerca de $ 10.000 en arado, alambrado y cultivos de maíz, en el que, admite, no le fue tan bien, por el mal clima y porque la finca, pese a los ofrecimientos oficiales, no ha podido implementar un sistema de riego. Allí se compra agua hasta para tomar y fumigar.

Una de las condiciones advertidas para formar parte de Ayalán era el tener que pagar un promedio de $ 300 por ha, un valor bastante cómodo si se lo compara a una oferta normal. Si esta tierra llegara a tecnificarse su valor podría ascender a $ 1.000 por ha. Esos precios aún no han sido discutidos ni fijados, pero están dispuestos a revisarlos.

• ENTREVISTA. Bernardo Manzano, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG). 

“PAGAR $ 160 POR HA. ES UN REGALO PARA CAMARONERAS" 

- Ha pasado más de una década desde que se declaró a Ayalán con fines de utilidad pública y de ocupación inmediata. ¿Qué ha trabado el proceso para que ese bien termine de expropiarse?

- La declaración se hizo en el 2012, pero a efectos de concretar el proceso de redistribución a organizaciones campesinas, en el 2017 se acordó un acta de mediación, en donde se estableció reducir el predio a expropiarse a 3.787 ha por un valor de $ 1’329.764...se depositó ese dinero para que ellos puedan cobrar, pero no quisieron seguir en el proceso porque la familia, dueña aún del terreno, empezó a tener problemas internos. Valoriani no ha firmado la escritura pública de compra venta, por lo cual el Ministerio de Agricultura procedió a ejecutar judicialmente el acta de mediación...Pero viene el señor Jhon Hill, que era Director Distrital del MAG e hizo esta repartición de tierras (en 2021) a unos productores de camarón. En realidad son 850 has que fueron entregadas a una misma familia como si fueran tierras baldías. Y eso es un problema, lo han hecho como si esto no tuviese dueño.

- Y al adjudicarse esto como tierras baldías, ¿cómo incide eso en los precios?

- Cuando son consideradas así, el Ministerio las adjudica de acuerdo a una tabla donde se llega a pagar un promedio de $ 160 por ha, y claro, ese precio es un regalo. Se las entregaron como baldías, cuando se conocía que la hacienda aún está en proceso de expropiación y mediación. Y encima que (en ciertas áreas) se habían hecho inversiones, más de $ 5 millones en relleno del terreno y riego...Unas tierras así como mínimo llegan a costar $ 10.000. Lo que dice la defensa de las camaroneas es que supuestamente las tierras no tienen vocación agrícola, pero eso no es así. Al lado de las camaroneras, en la tierra que todavía no han logrado ubicarse, hay sembríos de uva, banano, cacao, de todo tipo.

- ¿Cuál sería el perjuicio para el Estado?

- Cuando se termine el proceso de expropiación se debe pagar a Valoriani $ 1,3 millones, un valor que al Estado le será difícil recuperar.

- ¿Qué acciones nomás han iniciado?

- Hemos ya presentado 12 denuncias penales, hemos notificardo a Contraloría para que se haga un examen especial. Y por pedido del Subsecretario de Tierras he dispuesto la revisión de oficio de las adjudicaciones, respetando los debidos procesos. Hemos identificado a los adjudicatorios, pero será el fiscal de turno quien determine quiénes son los responsables.

- Esto se habría cometido, dentro del mismo Gobierno. ¿El presidente Lasso está al tanto de esto?

- Por supuesto. Fue notificado desde el primer momento en que supimos de esto. Y lo primero que dijo es que se haga lo que se tiene que hacer. Lo que se quiere es que todos los procesos sean correctos, que no haya ningún tipo de abuso de parte del Estado a ninguna entidad y peor perjuicio a personas naturales, como ahora está ocurriendo.

- ¿Han recibido algún tipo de presión para que esto no se denuncie, se siga investigando?

- Ninguna presión va a ser que sigamos el camino correcto.

- Pero, ¿ la han recibido?

- Sí ha habido las típicas presiones políticas y ahora no quisiera entrar en ese tema. Estamos en año electoral y hay gente en la Asamblea que piensa que con este tema se puede manipular, pero nosotros vamos a seguir impulsando la acción legal. No habrá presión que nos haga cambiar de opinión.