Así impactará la nueva concesión de Claro y Movistar en la telefonía móvil de Ecuador
El economista Espinosa, de la San Francisco de Quito, habla de una posible afectación, especialmente para los usuarios
El reciente acuerdo firmado entre el Estado ecuatoriano y las operadoras Conecel (Claro) y Otecel (Tigo) por 880 millones de dólares hasta 2038 suma opiniones a favor y en contra. El economista Luis Espinosa, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, habla de una posible afectación.
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El desglose es: 610 millones de dólares como anticipo y 270 millones de dólares adicionales en cuotas variables anuales según las ventas de cada operadora. El gobierno, según Espinosa, tomó el camino fácil de renovar las concesiones a las empresas que ya estaban en el país; aunque pudo invitar a más telefónicas, pero necesita dinero rápido.
De esta manera, según el experto, se creó al parecer un oligopolio artificial que encarecerá los servicios hasta 2038. Hasta entonces, el gobierno habrá recibido 1.500 millones de dólares.
Para Espinosa, el modelo prioriza la recaudación fiscal sobre el bienestar de los ciudadanos: “Al parecer en el fondo es un impuesto encubierto”, porque esos costos posiblemente serán traspasados al consumidor final, ya sea en el encarecimiento de los planes o en la no mejora de los mismos.
Pero lo más grave, señala, es “lo que no se ve”: el acuerdo es posible que cerró la puerta a la competencia hasta cuando venza esta concesión.
A pesar de las críticas, el acuerdo sí desbloqueó la implementación de la red 5G, que se dará a inicios de 2026. Las operadoras privadas ya tienen lista la infraestructura, pero no podían activarla legalmente sin la concesión firmada. CNT ya activó el servicio en Quito con una inversión de 30 millones de dólares para 422 estaciones base y en los próximos meses se espera que se extienda a otras provincias.
Representa una transformción digital
Luis Montaleza, máster en seguridad informática, señala que el 5G “más allá de una simple mejora en velocidad, representa toda una transformación digital”. Según el experto, esta tecnología impactará sectores como salud, educación, industria 4.0, agricultura de precisión y ciudades inteligentes.
El especialista destacó casos concretos de Brasil, donde se aprovecha la infraestructura de cámaras conectadas a la red 5G para analizar datos en tiempo real sobre delincuencia. “Pueden distinguir localmente puntos más peligrosos donde se necesita mayor presencia policial, e incluso definir rutas seguras para promover el turismo”, explicó Montaleza.
Sin embargo, Montaleza advierte que Ecuador enfrenta desafíos de base: la cobertura actual de 4G LTE alcanza hasta el 85 % de la población. “Nos estamos aventurando con 5G cuando todavía tenemos problemas de estabilidad con 4G”, aunque se espera que el despliegue de la nueva red sea gradual. “Hablar a nivel nacional de implementación de 5G es un proyecto muy ambicioso que involucra políticas a largo plazo”, explicó.
El impacto de las nuevas concesiones se verá reflejado posiblemente en que el usuario pagará un costo más elevado, que a pesar de la gran velocidad de la nueva red. Espinosa compara con Estados Unidos, donde existe mayor competencia entre operadoras: “¿Por qué en Estados Unidos, que tiene 10 veces más renta per cápita que Ecuador, pagan menos por telefonía móvil?”. Su respuesta es: porque hay más competencia.
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