En Ecuador, el incumplimiento de pago de cualquier accionista minoritario, que incluso llegue a tener el 1 % o menos de participación en una empresa, ha llegado a convertirse en una gran carga para cualquier negocio. Estos no tienen poder de decisión en la compañía, pero ante la ley cualquier deuda ínfima que tengan podría llegar a inhabilitar a cualquier sociedad que quiera prestar sus servicios al sector público. Lo que puede derivar en un desincentivo para el mercado de capitales y en menores oportunidades de contratos para el Estado.

De los casos vistos, hay unos que se califican como absurdos y otros que llegan al extremo. “Le pasó a una firma que provee uniformes que quería un contrato con un Ministerio. Llegó a ser descalificada porque uno de sus 5 accionistas (que tenía apenas 1,7 % de participación) mantenía una deuda de $ 3,7 con el SRI, una deuda que no sabía que existía y que se había generado por el incumplimiento en un trámite, por parte de su contador”. Eso, dice Diego Amen, abogado del estudio jurídico Vivanco & Vivanco, que llevó el caso, fue suficiente para que la firma, que estaba al día con sus obligaciones, quedara fuera del proceso de adjudicación de un contrato de más de $ 900.000.

Lo que podría sonar a un mecanismo de control empleado por las autoridades para lograr procesos justos en temas de contratación pública, se está convirtiendo en un método de desincentivo para la inversión de capital en compañías, señalan expertos jurídicos que atribuyen este problema a un vacío en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en su Disposición General Séptima señala que en cualquiera de las modalidades de contratación previstas en la ley, las empresas oferentes,    en el momento de presentar su oferta, deberán demostrar el origen lícito de sus recursos y presentar la nómina de sus socios accionistas, para verificar que los mismos no estén inhabilitados para participar en procedimientos de contratación pública.

Antes, explica el experto societario Gonzalo Noboa, existía una resolución que definía que eso era aplicable para accionistas mayoritarios que tengan un 6 % o más de participación, pero eso hace dos años fue derogado. “Entonces, resulta que las empresas públicas cuando invitan a concurso, como no tienen una norma que les diga qué es accionista mayoritario, para curarse en salud dicen: ‘cualquier accionista’, ‘cualquiera que este sea sin importar su participación’”, sostiene.

Para el abogado societario Clemente José Vivanco, la ley de contratación se contrapone además con lo que ya dicta la propia Ley de Compañías, que establece que los accionistas deben ser responsables exclusivamente del aporte que tienen en las sociedades. “Se habla de una responsabilidad, sí, pero limitada al aporte de estas personas”. Los casos con los que ha tenido que lidiar, afirma, son absurdos y extremos. “Hemos visto cómo accionistas minoritarios (del  1 % y menos), por tener deudas incluso con una tarjeta de crédito o con la seguridad social, llegan a inhabilitar de esta forma a grandes empresas que pagan impuestos y que están al día en sus compromisos”.

EXPRESO pidió el pasado martes una entrevista a la Superintendencia de Compañías y al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), para analizar el tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento.

A Ignacio Vidal, exsuperintendente de Compañías, le sorprende que tal restricción persista y siga limitando el mercado. “Me parece algo ridículo que, por poner un ejemplo, si yo accionista (sin voz ni voto) tengo una acción en Holcim que quiere intervenir en la construcción del quinto puente, y yo le debo al SRI    impuestos, esta gran empresa se vea impedida de participar”. Si el Estado, añade Vidal, está aplicando esta responsabilidad compartida como método de control para evitar caer con contratistas incumplidos, es ilógico, porque “las empresas ya tienen que rendir garantías no solo del anticipo recibido, sino por el buen cumplimiento de la obra”.

Para Vivanco, la solución debe llegar con una reforma integral de la Ley de Compañías “que valide el principio esencial de que los accionistas son responsables únicamente por el monto de su aporte”. Con eso, agrega, se evita un perjuicio de lado y lado: “no solo que un accionistas minoritario pueda afectar a la empresa, sino que un mal acto de la empresa tampoco me afecte a mí como minoritario”. La norma, destaca, “ya establece ciertos derechos diferenciados para cuando el accionista supera el 25 %. Ese mismo parámetro debería ser usado para afectar a la firma”, dice.

Los efectos, que en primera instancia no se sienten, estarían restando cuantiosas oportunidades para el Estado. “La descalificación conlleva a que cada proceso tenga un menor número de proveedores, de manera tal que mientras menor es la oferta que se tiene, el precio puede ser más alto. Con esto se está llegando a descalificar a muchas empresas que pueden estar haciendo ofertas más atractivas”, advierte Noboa. Otra consecuencia, asegura Vivanco, es el desaliento que se está generando en la inversión de capitales. Si se quiere una economía moderna en la que se dé un impulso a todo tipo de inversiones, hay que promover también este tipo de reformas. “Es positivo y saludable que una persona siga invirtiendo como socio minoritario, eso ayuda a los negocios. No tiene nada de malo. Sin embargo, las imperfecciones en las normas están haciendo que esto se desaliente”, argumenta.

• LAS FIRMAS MÁS EXPUESTAS

Los expertos societarios mencionan que los vacíos e imprecisiones en la ley exponen a riesgo a todas las empresas, sobre todo a aquellas cuya estructura depende del número de accionistas y personas con participación. Según la Superintendencia, hasta este mes en el país existen 122.945 compañías activas, de las cuales 70.799 fueron constituidas como sociedades anónimas, 32.458 son de responsabilidad limitada y 18.562 por la vía SAS, tipo de sociedades que tienen un mayor nivel de cercanía con sus socios.