Tras los escándalos relacionados al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), el Gobierno busca modernizar y enderezar al desprestigiado mercado de valores local    con una nueva receta,    que también contempla viejos ingredientes.

Uno de los objetivos de la Ley para la Atracción de Inversiones, que estaba previsto que ayer llegue a la Asamblea Nacional, será promover la unificación de las dos bolsas locales, Guayaquil y Quito, o incluir actores internacionales en sus estructuras, para ponerse en línea de las tendencias globales, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva.

“Tenemos en Ecuador dos bolsas de valores en un país relativamente pequeño cuando la tendencia mundial es unificar las bolsas de valores, no solo a nivel nacional, sino internacional”, aseguró el funcionario.

¿Qué dispondrá el proyecto de ley para conseguirlo? La propuesta legal planteará una modificación de la estructura accionaria de las bolsas de valores. Si bien no se puede obligar a las compañías a fusionarse, la ley buscará poner límites a la participación individual de accionistas y facilitará que otras bolsas de valores, locales o internacionales, puedan ser socias.

El titular de Finanzas mencionó la fusión    de las bolsas de Santiago (Chile), Lima (Perú) y Bogotá (Colombia) y aseguró que Ecuador debe seguir ese mismo camino y aprovechar la adhesión a la Alianza del Pacífico.

La unificación de las bolsas locales es el camino que se debe tomar porque “no hay una razón lógica” para tener dos, aseguró Fernando Simó, presidente de la Asociación de Casas de Valores (Asocaval). “Muy probablemente, buena parte de los problemas que hemos vivido se debe a la existencia de dos bolsas que lo que hacían era preocuparse en competir entre sí en lugar de regresar a ver a un mercado legal y ejercer la facultad de autorregulación”, dijo Simó.

El cambio en el mercado bursátil es uno de los pilares de este proyecto de ley que también contempla otros ejes. Las modificaciones que se planean hacer, detalló Cueva, se resumen en cinco aspectos: cambios en la supervisión; ajustes de la participación del sector público en el sistema (el año pasado, de los $ 15.701 millones que movieron ambas bolsas, el 63 % provino del sector estatal); la modificación en la estructura accionaria del mercado de valores; creación y custodia de valores; mejoras en la compensación y nuevos parámetros para las calificaciones de riesgo.

En el caso de los ajustes en la compensación, creación y custodia de valores, una alternativa que mencionó el titular de Finanzas es que pueda haber una alianza púbico privada entre el Banco Central del Ecuador (BCE) y actores privados para desarrollar un sistema como el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale).

La alternativa se plantea luego de que en recientes escándalos bursátiles se haya cuestionado la falta de control que hubo en el Decevale, en su rol de custodiar títulos valores. Fue por esa vía por donde pasaron las millonarias inversiones fallidas que hoy reclama el Isspol.

Tras este caso ya se había propuesto que el Depósito Centralizado de Valores (DCV) del BCE pueda realizar las funciones que cumplía el Decevale.

En el caso de la supervisión, como ya contó EXPRESO, anteriormente, se plantea la misma receta: volver al esquema anterior: que la Superintendencia de Bancos vuelva a asumir el control del mercado de seguros y que la Superintendencia de Compañías, también en su momento cuestionada por su laxa inspección, se quede con el mercado de valores.

Otros aspectos

• Calificadoras: Las calificadoras de riesgo se dedicarán exclusivamente a ese ámbito para que no tengan conflicto de interés, aseguró el ministro de Finanzas. También se buscará más transparencia a la hora de difundir las notas de riesgo.
• Competencia: Otro de los objetivos de profundizar al mercado de valores en el país es crear mayor competencia con el sistema financiero nacional. La posibilidad que empresas de todo tamaño busquen financiarse vía bolsas puede bajar las tasas de interés, según el Gobierno.
• Sector público: Se propone una participación del sector público, con la emisión de sus activos, a través de subastas. El objetivo es transparentar la emisión de los valores públicos y tener mayor claridad en la fijación de precios.