El temor infundado por las organizaciones criminales ha sometido a ciertos sectores de la población. En Guayaquil, sobre todo en las zonas del noroeste, entre los lugareños se ha tornado común hablar de las extorsiones,    popularmente llamadas ‘vacunas’, a las que son sometidos sus vecinos emprendedores.

Ana -identidad protegida- es una de las víctimas. Ella cuenta que primero recibió un aviso por escrito, en el que se le advertía que había sido considerada para recibir protección, pero el mensaje no tenía firma de responsabilidad e inicialmente pensó que se trataba de una broma de mal gusto.

Sin embargo, luego sufrió un atentado con disparos en la puerta de su tienda y también en su casa. Esa situación llegó de la mano con mensajes de texto en los que se precisaba que debía pagar una cuota inicial de 2 mil dólares y una mensualidad de $ 300 para que no se ejecuten más ataques violentos en su contra.

Ella denunció formalmente la situación, pero por miedo decidió no seguir con el trámite legal y concretó el acuerdo de pago con supuestos miembros de la organización criminal Los Tiguerones, un nombre que también se ha vuelto recurrente en el noroeste porteño, por las ‘vacunas’ y por el dominio que buscan obtener para controlar el tráfico de sustancias estupefacientes, según han revelado fuentes de Inteligencia (ver infografía).

Este año en la urbe porteña, hasta el 8 de julio, la Unidad Antisecuestros y Extorsiones (Unase) registró 460 casos de este tipo, una cifra que ya supera los 337 suscitados en todo el 2021.

Kléber Carrión, teniente coronel en estado pasivo y fundador de la Unase, explica que las extorsiones han tenido un cambio en su estructura porque los criminales ya no hacen un estudio previo de la víctima para establecer de qué manera harán sus exigencias, pues tienen otra motivación: hacer sentir que ellos mandan en el sector.

“Se trata de una pugna de poder que se halla en la captación de espacios donde ellos (los delincuentes) quieren imponer sus reglas. Y una forma de imponer su presencia son las ‘vacunas’”, sostiene el oficial retirado.

Además, detalla que de esa manera no solo buscan mostrarse ante los ciudadanos comunes, sino también ante sus enemigos, con los que pelean por los territorios. “Hay una especie de división de las ciudades, en donde, por ejemplo, un cuadrante corresponde a un grupo delictivo y las actividades, tanto lícitas como ilícitas, tienen que tributar para sostener al grupo con presencia predominante”, añade Carrión.

Esta situación -argumenta- es muy grave, porque se desestimula la actividad comercial, porque los negociantes no solo deben pagar impuestos a entidades públicas, sino también al crimen organizado. También expone que existe el riesgo de que un delincuente, miembro o no de una banda, se tome el nombre de su agrupación para pedir ‘vacunas’    sin autorización de sus líderes. “La ciudadanía se encuentra en una incertidumbre: ¿a quién están pagando?”, señala.

Y añade que para combatir este mal, los perjudicados deben denunciar, mientras que de parte del Estado    “se necesita una presencia menos fragmentada de la seguridad (...). Necesitamos una presencia activa, continua y constante en los lugares donde la población está siendo víctima de este delito.

El psicólogo clínico Carlos Tutivén, desde su perspectiva como docente investigador de Sociología de la Universidad Casa Grande, sostiene que “este es otro síntoma de la patología social que sufre nuestra comunidad. Estas extorsiones demuestran que la sociabilidad está enferma, dañada a un nivel profundo”.

Para el catedrático, esto se debe a la falta de “verdaderas oportunidades y alternativas que cubran la falta de empleo”, sumado a “la ausencia de un vínculo ciudadano sano”. Asimismo, lamenta que la delincuencia y el narcotráfico se hayan convertido en modos de vida cotidianos y que el resultado de este problema sea una población paralizada por los miedos, con autoridades que se esfuerzan, pero son superadas por la realidad.

Esto lo lleva a la conclusión de que “hoy, incluso el trabajo honesto está siendo castigado por estas extorsiones, lo que redundará en más desesperanzas y en potenciales migraciones al exterior, donde la vida sea menos siniestra”.

"La víctima está en desventaja”

El abogado penalista y experto en Derecho Constitucional, Kléber Riofrío, explica que la extorsión guarda relación con otras conductas ilícitas, de acuerdo a la ley. “La norma establece que (esta infracción) existe por medio de la violencia y la intimidación. Es el hecho de que se obligue a una persona a que realice determinado acto en su perjuicio o de otro”.

La pena por este delito es de 3 a 7 años, según el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Respecto a lo que puede hacer una persona afectada en estos casos, el jurista lamenta que “la víctima está en desventaja”. ¿Por qué? Porque los extorsionadores tienen su información, están armados y actúan en grupos, con una estrategia organizada. No obstante, aclara que un perjudicado puede denunciar y la Fiscalía tendrá que hacer una investigación previa y, de encontrar los indicios necesarios, iniciar un proceso legal.

Además, menciona que existe un programa de protección a víctimas y testigos en el que se debe determinar el riesgo de la víctima y cuantificarlo para establecer si el peligro es sumamente alto.

De ser así, una persona podría recibir protección por parte de la Policía y probablemente hasta un vehículo para custodia. Sin embargo, “en el caso de ‘vacunas’ es muy complicado comprobar el riesgo y la víctima podría quedar en un estado de indefensión”, precisa Riofrío.

El especialista concluye que “lo ideal    sería que se inicien investigaciones con seguimientos, escuchas, tomas fotográficas para determinar quiénes están extorsionando, para procesarlos por extorsión o incluso por delincuencia organizada (5-10 años de prisión). Eso requiere de un trabajo bastante largo, de unos seis o diez meses, o más”.