La inmovilización de fondos de sus cuentas bancarias, por un monto de 9.800 dólares, más la orden de prisión preventiva, fueron las medidas que dispuso la jueza Ángela Bustillos en contra de Héctor Reyna Vivar, director del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, más conocido como Penitenciaría del Litoral, dentro de un proceso penal que se inició por el presunto delito de concusión.

El funcionario fue detenido la tarde del jueves 1 de octubre de 2020, en los bajos de la Fiscalía de La Merced (centro de la ciudad), luego de rendir una versión en otro caso. Agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional ejecutaron una orden de detención con fines investigativos, emitida por un juez de Garantías Penales del Guayas.

“Se lo investiga por presuntos actos de corrupción: habría cobrado dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios a reclusos (como privilegio en celdas, alimentación, salud, permisos, seguridad y educación) al interior del centro penitenciario”, informó la Fiscalía General del Estado.

En un video que fue viralizado en redes sociales la noche del mismo jueves, se observa al funcionario dialogar con Shy Daham, el ciudadano israelí asesinado en la Penitenciaría del Litoral en agosto pasado. En la grabación, ambos se refieren a cantidades de dinero recibidas por personal carcelario y solicitado, presuntamente, por Héctor Reyna.

Durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada este viernes 2 de octubre de 2020, la Fiscalía presentó como elementos de convicción: el parte de vigilancias, seguimientos y demás técnicas especiales de investigación que gozan de reserva legal, el parte de detención con fines investigativos, entre otros.

La jueza no consideró los documentos que presentó el procesado para un arraigo social, por cuanto no existe “seguridad en cuanto al domicilio” y su nombramiento es de libre remoción. “Una de las finalidades es que no se obstaculice o destruya la prueba. Se está investigando un hecho relacionado con sus funciones y el manejo del centro penitenciario (...)”, fundamentó la jueza para ordenar la prisión.

Reyna es investigado además por los delitos de delincuencia organizada y asociación ilícita. Este último, por la liberación de Jorge Luis Zambrano González, más conocido como Rasquiña, quien se benefició de la prelibertad tras una rebaja de la condena que debía cumplir.

En el caso también son investigados su abogado particular y el juez de Garantías Penitenciarias que tramitó dicho pedido.

FUGA

La Fiscalía solicitó la prisión porque consideró que existía un peligro “alto de fuga” y de que no cumpla la pena. “El señor tiene el dinero suficiente para evadir, esta es la excepción a la regla”, señaló la fiscal Lidia Sarabia.

DEFENSA

Shirley Jácome, abogada de Reyna, manifestó que su cliente no es una persona de alta peligrosidad, por lo que no hay peligro de fuga por cuanto es funcionario público. Además, mencionó que padece de una enfermedad catastrófica.