Desde inicios de junio, en archivos oficiales de la Policía Nacional sobre el conteo de las muertes violentas se omitió el detalle de los fallecidos en las cárceles y en las zonas no delimitadas, así lo denunció Diario EXPRESO en su publicación del pasado 10 de junio. Casi dos meses después, Freddy Sarzoza, director de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), señala que se debe a una “desagregación” debido a “la tasa calculada por 100.000 habitantes y no podemos calcular la misma tasa, en el mismo espacio en el mismo tiempo”.

El policía dijo que “de igual manera” se hace la sumatoria de los “eventos” en las cárceles y en las zonas no delimitadas y que “no es que se ha quitado las cifras” pero defendió que si es que se “suma las cantidades de los tres elementos van a tener el total de los eventos”.

Sin los 96 fallecidos en masacres carcelarias y los 19 muertos en las zonas no delimitadas, hasta el 25 de julio de 2022 hay 2.317 muertes violentas, pero si se añade a los antes mencionados, el total es de 2.436 víctimas.

Daniel Pontón, experto en Seguridad, va más allá de la maniobra para disminuir aparentemente la cantidad de fallecidos a través del cambio de parámetros metodológicos.

“No  es ético, porque la competencia de las muertes violentas es de la Policía incluso en las cárceles, no del SNAI no le puedes pedir investigación forense, es un despropósito , además, si presentas cifras nacionales y excluyes zonas no delimitadas, es como que dijeras esto no es Ecuador”.

Cuestiona también que no existe una capacidad de auditoría externa para confirmar si es que los números que se presentan ahora o en el pasado son reales, pues todo el tiempo lo ha hecho la misma Policía.

Ramiro Narváez, presidente de la mesa legislativa de Seguridad, señaló que el equipo técnico de la comisión está detrás del tema para los respectivos requerimientos de información. “Ellos están obligados a dar la información y no es un tema menor por ello, hay que avanzar en el seguimiento respectivo, esta situación cambia los datos antes presentados”.

Mientras que Kléber Carrión, también analista en seguridad y exdirector de la cárcel de Santo Domingo, señala que para definir políticas efectivas que disminuyan la violencia y la tasa de mortalidad se debe contar con datos claros y reales; agrega que se requiere un compromiso verdadero del Consejo de Seguridad del Estado para que no sean solo entes burocráticos que no contribuyen a la seguridad.