Diésel sin subsidio en Ecuador: conoce las ciudades donde el transporte se paralizará
Varias organizaciones han anunciado la paralización en provincias del Ecuador. Conoce los detalles
La decisión del Gobierno de retirar el subsidio al diésel ya genera un fuerte remezón en el sector del transporte.
Desde distintos gremios, tanto de carga pesada como de servicio público, se han anunciado medidas que empezarán a sentirse en varias ciudades del país desde el lunes 15 de septiembre.
Medidas de transportistas ante el alza del costo del diésel
EXPRESO pudo conocer que en la provincia de Pichincha los transportistas confirmaron la suspensión total del servicio de transporte público a partir de la medianoche del lunes.
La medida busca presionar al Ejecutivo para que explique bajo qué criterios se tomó la decisión de encarecer el combustible, considerado un eje de la economía del sector.
En el caso específico de la capital, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha señaló que la suspensión será indefinida hasta que el Gobierno convoque a un espacio de diálogo real y presente alternativas frente al incremento.
Por otra parte, se conoció que la Cámara Nacional de Transporte Pesado (Cetrape) también habría advertido con paralizar sus operaciones en Manabí, Guayas, Santo Domingo, Esmeraldas y El Oro.
Mientras que, la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape) permanece en sesión permanente, a la espera de que el presidente Daniel Noboa dé marcha atrás con el decreto. Desde su perspectiva, el incremento súbito del precio del diésel amenaza con hacer inviable la operación de miles de unidades en todo el país.
La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público del Ecuador (Fenacotip) con un comunicado en el que indicó que se reunirán este lunes 15 de septiembre para tomar decisiones. También pide al presidente eliminar la medida anunciada.
La eliminación del subsidio al diésel entró en vigor el 13 de septiembre. Aunque el Ejecutivo sostiene que la medida responde a un plan de racionalización del gasto público y modernización de la política de combustibles, el costo político se perfila alto: gremios en pie de protesta, comunidades indígenas en alerta y una ciudadanía que percibe mayor presión en su ya golpeada economía.
