Jaime Vargas, presidente de la Conaie, se sienta ante los micrófonos de radio Democracia y dice, sin que le tiemble la voz ni le inquiete la duda, que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, “ordenó disparar contra el pueblo ecuatoriano”: debería llamarse María Paula Plomo, bromea, si es que se puede bromear con tanta ira. En el Pleno de la Asamblea, la legisladora por Pachakutik Encarnación Duchi ensaya una analogía histórica: “El 12 de octubre de 1492 -dice- comenzó el genocidio; el 12 de octubre de 2019 (día en que el Gobierno decretó un toque de queda para contener la explosión de violencia que se regó por Quito), se repitió la historia”. Días después de esta declaración, en la sede de la Conaie, el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza, asegura a quien quiera creerle que la violencia desatada durante el paro nacional fue provocada por el Gobierno y que el pueblo, simplemente, reaccionó.

Los hechos: María Paula Romo no ordenó echar bala a nadie. Ni la Policía Nacional ni el Ejército dispararon un solo tiro durante las jornadas de protesta de la primera quincena de octubre. Ni siquiera al aire. Hablar de masacre, como hicieron durante los días de las protestas numerosos agitadores con el fin de incendiar las redes sociales (entre ellos varios asambleístas del correísmo), es una desproporción sin sombra de verdad; hablar de genocidio, una insensatez completa y una infamia. La violencia de los manifestantes no fue una reacción a la violencia de la fuerza pública, como pretende Iza. Al contrario: fue la aplicación de una estrategia preparada. Todo el mundo vio los videos de los soldados metidos en un bus bajo una lluvia de piedras, sin mover un dedo para defenderse; del ejército franqueando el paso a una multitud que ya venía de saquear empresas florícolas y lecheras; de la muchedumbre quemando una tanqueta militar, con grave riesgo para sus ocupantes, aún antes de que se registrara el primer herido por causa de la represión. Esos son los hechos.

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La información que esta semana compartieron los ministros de Gobierno y Defensa con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional no deja lugar a dudas: lo que ocurrió en el Ecuador no fue un simple estallido de descontento social. Cuando el descontento social desemboca en violencia hay policías apedreados, no atentados con armas de fabricación artesanal y aplicación de estrategias militares, bombas molotov con adherentes químicos, lanzacohetes de PVC y escudos metálicos. Cuando el descontento social desemboca en violencia la multitud en furia puede incendiar un edificio cualquiera, quizás una estación de Policía, pero no elige el departamento de Responsabilidades y el archivo de la Contraloría del Estado; no sabotea objetivos estratégicos como infraestructura petrolera, reservorios de agua potable, antenas de telecomunicaciones... No. Lo que ocurrió en el Ecuador fue el resultado de una conspiración para conmocionar el país, sembrar el terror en la población y tumbar al gobierno. Y la Conaie, sea que haya participado o no de esa conspiración (todo indica que sí, pero incluso si no lo hubiera hecho) tiene que hacerse cargo de lo ocurrido y asumir sus responsabilidades.

En lugar de eso, el movimiento indígena y sus aliados políticos han decidido negar la realidad, falsear los hechos, no asumir responsabilidad alguna, victimizarse, culpar de todo al Gobierno, representar el papel de los perseguidos políticos. Con ello, están poniendo al Ecuador en un serio aprieto. En un país fracturado que requiere de un diálogo urgente y sincero para sanar sus heridas, la Conaie y sus aliados políticos parecen empeñados en convertir el diálogo en una imposibilidad. ¿Cómo se dialoga con alguien que niega la realidad y falsea los hechos? ¿Qué acuerdo cabe entre dos partes que no hablan el mismo idioma? La Conaie no para de emitir comunicados, uno tras otro, comunicados escritos con un lenguaje rabiosamente frenético en el que las palabras sustituyen a las evidencias y solo sirven para corregir la realidad.

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Palabras que sustituyen a las evidencias: la Conaie y sus aliados políticos dicen “uso excesivo de la fuerza” y amenazan con iniciar acciones legales contra el Estado ante instancias internacionales por “violación sistemática de derechos humanos”. Pero no han podido demostrar (no se han molestado en intentarlo) la responsabilidad de la fuerza pública en ninguna de las ocho muertes acaecidas durante las jornadas de violencia. Dicen que los jóvenes que cayeron desde el puente de San Roque, en Quito, fueron “arrojados al vacío” por la Policía pero un video demuestra lo contrario. Dicen que Inocencio Tucumbi fue arrollado por la Policía montada, pero la autopsia efectuada por médicos independientes en presencia del defensor del pueblo concluye que el trauma craneoencefálico fue producido por “una precipitación”; y la llamada respectiva al 911 registra el lugar y las circunstancias de esa caída. Omiten que el dirigente arrollado en la vía a Molleturo, provincia del Azuay, lo fue por un auto particular que pretendía eludir los obstáculos colocados por los manifestantes. Y que otra de las víctimas era un saqueador de locales comerciales que murió a consecuencia de un linchamiento popular. Sin ningún compromiso con la verdad, los dirigentes de la Conaie y sus aliados ven un muerto y automáticamente se lo endilgan al Gobierno.

Así es imposible entenderse. Así, toda tentativa de diálogo está condenada al fracaso.

La Conaie dice que negocia pero solo a condición de no ceder un palmo, o sea que no negocia. Y al acuerdo que firmó, el acuerdo por el cual el Gobierno se comprometió a derogar el decreto 883 y restituir el subsidio de los combustibles (condición que ya cumplió), sigue sumando más demandas. Primero (ni bien firmado el acuerdo) exigió la salida de los ministros de Gobierno y de Defensa. Luego, la impunidad para los dirigentes que están siendo procesados bajo cargos de secuestro, saqueo, instigación a la violencia, vandalismo, destrucción de registros, incendio provocado, porte ilegal de armas, delincuencia organizada..., una lista de 14 delitos; la Conaie quiere que cesen todos los procesos y califica a los acusados como “perseguidos políticos”, como si el paro nacional hubiera sido un desfile de ángeles. Ahora se opone al proyecto de reformas urgentes que el Ejecutivo envió a la Asamblea para, de alguna manera, buscar alternativas a la eliminación de los subsidios: como si el objetivo fuera no solo poner de rodillas al Gobierno sino atarlo de manos. Por último, los dirigentes han decidido exigir que el diálogo sea público, quizá para repetir la experiencia del domingo 13. Es decir: no quieren dialogar, quieren una tribuna. Y no aceptan un no por respuesta. Por eso, cada comunicado de la Conaie es un himno a la intransigencia: nada es negociable.

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Y mientras esperan una respuesta del Gobierno a sus nuevas exigencias, incluida la de hacer públicos los diálogos, la Conaie y los suyos convocan a un “Parlamento de los pueblos” y lo celebran ¡a puerta cerrada! Ahí, en secreto, se diseñan las políticas económicas que impondrán a la república en reemplazo, tal es su pretensión, de las que obligaron a derogar. Asisten, en calidad de asesores y aliados políticos, los intelectuales afines al movimiento indígena: Alberto Acosta, Pablo Dávalos... Intelectuales que conviven, sin decir ni pío, con esta estrategia política de negar la realidad y falsear los hechos, de apagar el cerebro para que el lenguaje prefabricado hecho de palabras que sustituyen a las evidencias hable por sí solo. Intelectuales de fuste, en fin, el futuro de la patria.

Incendiario

El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, acusa a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de haber dado la orden de disparar contra el pueblo. Algo que nunca ocurrió.

Las zonas de paz en debate

¿Zonas de paz o centros de apoyo logístico? Desde una perspectiva humanitaria, las universidades lo tienen claro: su obligación, atender a las familias (mujeres, niños, ancianos) que llegan con la marcha indígena. Desde una perspectiva militar, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, también lo tiene claro: ahí se da refugio y alimento a los golpistas.

A puerta cerrada, el movimiento indígena se encuentra diseñando las políticas económicas que reemplazarán a las que obligó a derogar. Al menos, eso pretende.