La dispersión solo abona a la desazón ciudadana. La evidente falta de consensos entre las tendencias políticas para lograr un candidato de unidad de cara a los comicios generales de febrero de 2021, sumados a los casos de corrupción que se revelan a diario, hace que los electores se cuestionen, una vez más, si la obligatoriedad del sufragio ha beneficiado o perjudicado a la democracia en el país.

Antes del confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19 los ecuatorianos consideraban que si el voto no fuese obligatorio, un 57 % no acudiría a sufragar. El estudio realizado por Cedatos en febrero, comparaba con 2016, cuando el 53 % de consultados dijo que preferiría que el voto sea voluntario. La tendencia va en aumento.

Por ahora, hay no menos de una docena de nombres de actores políticos que han mostrado su interés por terciar en los comicios como candidatos a presidente y la lista tiende a ampliarse. Aunque, algunas candidaturas podrían fusionarse en alianzas, las agrupaciones políticas con mayor peso apostarán por un candidato propio.

El anuncio del exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot de que no será candidato a la presidencia detonó en el surgimiento de cinco nuevas precandidaturas al interior del Partido Social Cristiano (PSC) y varias incógnitas entre sus militantes.

Pero ese entusiasmo por participar no es el mismo que comparten los electores que acuden a las urnas para evitar multas y obtener el certificado de votación, indispensable para todo tipo de trámites futuros. Antes del confinamiento, el 69 % de ecuatorianos no sabía cuándo y qué se elegirá en las elecciones de febrero.

El jurista Arturo Moscoso es uno de los defensores del voto como un derecho y no como una obligación. El también académico dijo a EXPRESO que si bien para los próximos comicios la obligatoriedad se mantendrá porque no se pueden hacer reformas un año antes de las elecciones, este tema sí debe entrar al debate en el futuro cercano.

Moscoso, sin embargo, ha variado su posición con base a la experiencia de otros países en los que, siendo el voto voluntario, las grandes maquinarias electorales han aprovechado la apatía de un segmento de la población y movilizado a sus simpatizantes para ganar elecciones.

“El tema es delicado por el momento que vive el país. Con toda esta decepción que siente la ciudadanía por los políticos lo más probable es que una gran mayoría no acuda a votar si se le pone a escoger, pero ¿quiénes sí van a ir? Probablemente partidarios de políticos deslegitimados que pueden usar redes clientelares para movilizar a la gente”, dijo Moscoso.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz-Granados, no comparte esta visión y sostiene que la mayoría de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que Ecuador es integrante desde 2019, tienen en sus legislaciones el voto voluntario y registran un promedio de participación del 80 %.

“El voto obligatorio refuerza la mentalidad simplista de los partidos políticos que eluden ofender al menor número posible de votantes o intereses particulares, reduciendo las contiendas políticas a un esfuerzo por aparecer como la opción menos mala, evitando plantear soluciones de fondo”, dijo.

La Cámara de Comercio de Guayaquil está en la línea de impulsar el debate entre candidatos como una alternativa para que las propuestas no sean superficiales y que los electores tengan acceso a mayor información de los objetivos que persiguen las organizaciones políticas y sus líderes para que el voto sea un verdadero derecho y no un deber.

• Un financiamiento cuestionado

La dispersión podría traducirse en más partidos y movimientos accediendo a financiamiento público para su promoción electoral.

Esto, sin embargo, se corrigió en parte con las reformas al Código de la Democracia aprobadas por la Asamblea. Ahí quedó establecido que los partidos o el candidato que haya accedido al Fondo de Promoción Electoral y no alcance, al menos, el 4 % de los votos válidos de la dignidad, binomio o lista, deberá reintegrar el 50 % de los valores entregados.

En el discurso, varios partidos y movimientos se han pronunciado a favor de eliminar ese aporte estatal, aunque nadie ha impulsado una reforma legal en ese sentido.

Moscoso cree que en la situación que vive el país, se debería suprimir ese aporte, aunque reconoce que eso pondría en desventaja a las estructuras políticas pequeñas.